No hay que descartar que, en algún momento, AstraZeneca empiece a cumplir con el contrato que firmó y las vacunas que fabrica Hugo Sigman en su planta de Garín vuelvan, finalmente, a la Argentina. Pero, aún así, la salvación que el Presidente anunció el 12 de agosto del año pasado en la residencia de Olivos habrá llegado tarde para un país que cuenta más de 58 mil muertos, registra un nivel récord de contagios y ve crecer la amenaza de la falta de camas. También para un gobierno que no pudo evitar que el anunciado arribo de la segunda ola lo encontrara inerme y lo obligara a ordenar nuevas restricciones para evitar el desborde sanitario y la falta de camas. Que las potencias globales ganaran la carrera por autoprotegerse y los grandes laboratorios encontraran en la pandemia una oportunidad formidable para maximizar sus ganancias era tristemente previsible. Pero que uno de los principales empresarios aliados del peronismo de gobierno sea el protagonista local de un operativo inexplicable daña la autoridad de Alberto Fernández y activa la indignación entre los contados detractores del dueño del Grupo Insud que habitan en la alianza oficialista. Ni en el Frente de Todos ni en el mundo de los especialistas sobran los que puedan informar sobre el paradero de las 22,4 millones de vacunas que el gobierno argentino ya pagó en un 60%.
Tal como contó esta semana elDiarioAR, la vacuna se está fabricando desde hace tiempo en la planta de Sigman y los envíos regulares a México se están cumpliendo, pero lo que falló -o sigue fallando- es el acceso al filtro de vidrio microparticulado para filtrar, fraccionar y envasar el principio activo que produce mAbxience. Por eso, los que tienen el privilegio de acceder al farmacéutico lo presentan casi como una víctima de un malentendido que lo supera. “Hugo no puede hacer nada porque no vende ni trae la vacuna. A él lo contrató a AstraZeneca y el gobierno contrató a los suecos”, dicen. Sus detractores, en cambio, lo ven como el gestor de un acuerdo que lo tiene como beneficiario y reclaman que deje de exportar el principio activo que se podrá envasar en Argentina. ¿Dónde? Esa es una de las preguntas sin respuesta que parece jugar a favor de los argumentos del Grupo Insud. Algunos suponen que podría hacerse en Sinergium Biotech, la planta del Grupo Insud que también está en Garín. Pero los defensores de Sigman en el gobierno dicen que eso implicaría dejar de envasar otras vacunas como la que se aplican contra la gripe o el neumococo. La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), por su parte, no cuenta con presupuesto suficiente.
Habituado a actuar el rol de filántropo antes que el de acusado, Sigman aparece en una situación incómoda, pero no habla y descansa en la costumbre de que los demás no hablen de él. Su silencio esta vez hace ruido y provoca malestar en funcionarios de Fernández que lo defienden a grabador apagado y advierten que el hermetismo le está generando un daño inédito. Son costos insignificantes, si se comparan con el drama de las víctimas fatales que se cobra el virus en una sociedad extenuada y dividida, que busca en la polarización razones para purgar la culpa y deslindar responsabilidades.
Los cuestionamientos no parten solo de radicales como el tucumano José Cano, que se declaran víctimas de Sigman y lo responsabilizan por sus males en la política, o de la militancia del Frente de Izquierda, que pide declarar a mAbxience de utilidad pública y ordenar su expropiación, sino también de especialistas que llevan toda una vida trabajando en el tema. El investigador del CONICET y especialista en inmunología Jorge Geffner está entre los que sostienen que hay que dejar de exportar cuanto antes el principio activo que fabrica Sigman. Argumenta que lo mismo hicieron gigantes como Pfizer, Moderna y el propio AstraZeneca ante la demanda de otros países de Europa. “Frente al pico de casos que está enfrentando, India, principal productor de vacunas del mundo, dejó de exportar. Está incumpliendo sus contratos y hace bien porque primero está la vida de la gente que se está muriendo”, dice Geffner a elDiarioAR. El especialista considera que el viaje a México -sin fecha de regreso- de los lotes con seis millones de dosis que corresponden a la Argentina es incomprensible y genera costos tan innecesarios como irremediables. Son más de 15 mil kilómetros que podrían evitarse si primara tanto la lógica como la urgencia. Por eso, afirma que el Estado debe arbitrar los mecanismos para que la distribución y fraccionamiento se haga en Argentina. Haría falta, claro, una decisión política que trascienda al mismo tiempo el gobierno de facto del mercado, el manejo de AstraZeneca y los intereses de Sigman.
Llegarán pronto las vacunas del fondo Covax de Naciones Unidas, el nuevo cargamento de la Sputnik y, quizás, las dos millones de dosis de Sinopharm que espera el Presidente. Tal vez Vladimir Putin logre imponerse en la disputa doméstica con las fuerzas del Kremlin que lo presionan para abastecer primero la demanda rusa. Tal vez Sabino Vaca Narvaja haya aprovechado las cartas credenciales que le recibió Xi Jinping el último jueves para conseguir que China haga una excepción con Argentina y aparte millones de vacunas del gran operativo de inmunización que se prepara para julio, cuando el Partido Comunista Chino cumpla 100 años. Tal vez los dueños del poder global entiendan en algún momento que haya llegado el momento de liberar las patentes. Tal vez se cumplan los deseos del ala peronista que apuesta al vínculo con Joe Biden y se concrete la operación global que promete Estados Unidos: completar el proceso de vacunación local que ya llegó a más de 200 millones de personas y salir a partir de junio en auxilio de países aliados con un operativo vacunas para todos, made in Washington. Gran ganador de una disputa global en la que priorizó sus intereses, el país de Biden tiene, según un informe de expertos de la universidad de Duke, un excedente de 300 millones de vacunas.
La emergencia que provocó la peor pandemia del último siglo tras una década de bajo crecimiento y dos años de una crisis descomunal como la que incubó el gobierno de Mauricio Macri no debería evitar la autocrítica. El título viral de aquel 12 de agosto de 2020, “La Argentina fabricará una vacuna contra el coronavirus”, hoy delata una apuesta urgente que salió mal. No sólo por la demora y el manejo antojadizo de AstraZeneca en medio del drama de los muertos que provoca el COVID 19, sino además por la oportunidad perdida.
Doctora en Ciencias Biológicas e investigadora principal del CONICET, Juliana Cassataro dirige el equipo de ocho investigadores del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM/CONICET que se dedica, desde hace 10 meses, a desarrollar la primera vacuna argentina contra el coronavirus. Seleccionada entre 900 proyectos por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación del Ministerio de Ciencia, recibió en su inicio 100 mil dólares para avanzar con el proyecto, una cifra que según el periodista científico Daniel Arias debe ser lo que gasta en un café el “international team” de AstraZeneca. Más allá de la difusión de la noticia, el proyecto no contó con el respaldo que necesitaba para prosperar, entre otras cosas por lo que consigna Arias: el ANMAT responde más rápido a las multinacionales que vienen con licenciamientos previos de las agencias regulatorias de Estados Unidos y la Unión Europea.
Con una fórmula basada en proteínas recombinantes, una tecnología similar a la usada en la vacuna del Hepatitis B o el VPH, el anuncio de que mAbxience fabricaría en Garín primero y el acuerdo con el Instituto Gamaleya después sugerían que la cruzada que llevaban adelante en soledad casi no hacía falta. Histórico interlocutor de Sigman y clave como autoridad de la ANMAT que facilita las regulaciones y las aprobaciones, González García jamás les ofreció su apoyo: al contrario. Sin embargo, Cassataro y el grupo de investigadores que la acompaña decidieron seguir adelante.
El jueves último, en medio del récord de casos y unas horas después del pedido dramático de Carla Vizzotti para que la gente se quede en su casa, la doctora Cassataro, la inmunóloga Karina Pasquevich y el bioquímico Diego Álvarez, tuvieron finalmente una reunión con la ministra de Salud en Salón Eva Perón de la Casa Rosada. A Vizzotti la escoltaban, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la jefa de gabinete de Salud, Sonia Tarragona, ex titular de la Fundación Mundo Sano que pertenece a la familia Sigman.
Según informó el gobierno, Cassataro contó que la vacuna recombinante adyuvada podría ser utilizada en 2022 como un refuerzo de única dosis de las vacunas actuales o como inmunización primaria. Ya en 2023, se podría contar con una vacuna de inmunización primaria de dos dosis enteramente nacional. Lo más importante no trascendió y fue lo que dijo Todesca en algún momento de la reunión: “Esto es lo que tendríamos que haber hecho el primer día”. De ser así, tal vez, la Argentina hubiera empezado, hace casi un año, a destinar fondos para el desarrollo de una vacuna local, hubiera avanzado en las fases clínicas y se podría haber ahorrado la competencia despiadada por la compra de vacunas en un mercado hiperconcentrado.
Argentina cuenta con capacidad técnica y recursos humanos para emular desarrollos similares a los que se iniciaron en países de la región como Brasil y Cuba. El de la UNSAM/CONICET es de hecho uno de los por lo menos cuatro proyectos que ya existen en el país. Según datos de diciembre de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity, AstraZeneca recibió un financiamiento total de 2220 millones de dólares, Novavax 1570 millones, Curevac 1140 millones, Johnson & Johnson 819 millones, Moderna 562 millones, Sanofi 576 millones y Pfizer 545 millones. Son cifras inalcanzables en medio de la emergencia pero no justifican la apuesta permanente por el corto plazo en un país que para los especialistas está entre 15 y 20 años atrasado con respecto a las potencias que dominan el mercado. Según investigadores que trabajan en el sector, 120 millones de dólares alcanzarían para hacer un ensayo en 30 mil personas y potenciar un proceso acorde con un gobierno de científicos.
Si algo obsesionó a Fernández desde que se desató la pandemia fue conseguir vacunas. Sin embargo, el aprendizaje sobre la marcha tuvo dificultades elocuentes y los primeros cortocircuitos con el ex ministro de Salud se dieron en noviembre pasado, cuando el Presidente notó que las dosis de Sigman no iban a llegar a tiempo. El amiguismo a la Ginés es bastante más que una lista de vacunados de privilegio. Fernández salió urgido a sellar un acuerdo con Rusia, que le salió bien, pese a la campaña temeraria de la oposición que se nubló en su militancia por Pfizer. Ahora en su desesperación, Alberto mismo se despacha contra los que “no le cumplen” y genera malestar en los que hacen de nexo con Rusia y China.
Tal vez, el Plan B que muchos en el oficialismo admiten no haber tenido pasaba -y pasa- por el desarrollo local. El gobierno está preocupado por la situación sanitaria en un contexto en que, gracias a lo que ya se vacunó, baja la edad de los contagiados y los que se infectan son más jóvenes y con comorbilidades. Pero también, por su propio destino político en el año electoral. Moraleja de un año de gobierno, en palabras de un funcionario de Fernández: el Estado no es sólo ni siempre el reverso del mercado; también es un escenario de disputa donde conviven facciones enfrentadas y está perforado, más de lo que se puede admitir, por la lógica y los intereses del sector privado.
