Alberto Fernández salió aliviado de la audiencia de Comodoro Py en la que declaró durante más de tres horas como testigo en la causa en la que se investiga a Cristina Fernández por beneficiar a Lázaro Báez con el reparto de la obra pública. Frente a la pesquisa policial y el show de la justicia independiente, el profesor de Derecho Penal de la UBA hizo sus mejores esfuerzos para reconciliar al Fernández de hoy con el opositor despechado que denunciaba al “deplorable” cristinismo final y exigía explicaciones devaluado al rol de panelista.
Fernández defendió la inocencia de Cristina y dijo que no recuerda cuando conoció a Báez. “2003 o 2004, no tengo idea”. En realidad, corría noviembre de 2005, cuando el ahora Presidente se cruzó con el dueño de Austral Construcciones en la residencia Los Sauces de El Calafate. Por lo menos, ese es el encuentro del que hay registros públicos. El Frente para la Victoria era una fuerza arrolladora y los Kirchner acababan de humillar en las elecciones a los Duhalde en el mismísimo bastión de la provincia de Buenos Aires.
Fernández viajó con el matrimonio para moldear el nuevo gabinete en el Sur. Allí coincidió con el entonces secretario de Cristina, Isidro Bounine, un joven Máximo Kirchner y el amigo de la familia Rudy Ulloa. Se decidió que Jorge Taiana asumiera en lugar de Rafael Bielsa, que Nilda Garré reemplazara a José Pampuro y que el olvidado Juan Carlos Nadalich le cuidara el ministerio de Desarrollo Social a la fugaz senadora Alicia Kirchner. Más importante que nada: se definió que Roberto Lavagna debía abandonar el gobierno, algo que le tocó anunciar a Fernández poco después, como si fuera un trámite y sin dar demasiadas explicaciones. En ese fin de semana, Báez fue a conversar con el entonces presidente en la casa de Los Sauces. Las imágenes del fotógrafo Pablo Senarega, que la editorial Perfil se cansó de difundir, otros medios tomaron como propias y se viralizaron en la red, lo muestran. Santacruceño por adopción pero nacido en Corrientes, Báez siempre se declaró con orgullo como amigo personal de Néstor y, si no dijo nada en los cuatro años y seis meses que pasó en la cárcel, fue por esa amistad. Menos lo hará ahora, cuando cumple prisión domiciliaria en algún country del conurbano bonaerense.
Icono de un capitalismo de amigos que lo excede de mil formas y protagonista de una batería de libros de lectura rápida, Lázaro se quejó siempre en privado de que el kichnerismo no le permitía cruzar con sus obras más allá de Chubut. No podía concebir que otros empresarios, que no guardaban lealtad con Kirchner ni lo conocían como él, se hubieran quedado con negocios que consideraba más rentables. Era el tiempo en que el kirchnerismo de autor fogoneaba la consigna de la burguesía nacional, una de las tantas ideas que la historia desautorizó.
A diferencia de Fernández, que se quedó en su cargo hasta que el conflicto por la resolución 125 lo liquidó, Sergio Acevedo cuestionó en su momento el reparto de la obra pública y por eso renunció a la gobernación de Santa Cruz en marzo de 2006. Durante 15 años, se mantuvo al margen de la política hasta que, en noviembre pasado, volvió a ser candidato a diputado por el Frente SER, la fuerza que empardó a las listas de los grandes partidos en las legislativas de la provincia.
Una vida después, el ahora Presidente decidió defender la inocencia de Cristina de cuerpo presente. De Sergio Massa, otro de los que engordó fuerte en el antikirchnerismo y una mañana se encandiló con la luz de la unidad, no se espera tanto: la plataforma Zoom puede resguardarlo a la hora de las contorsiones. Aunque para la oposición más rabiosa es fuente de inspiración permanente y motivo principal de su existencia, la historia antigua del kirchnerismo genera al otro lado de la polarización sentidos antagónicos. Abrumados por el presente, altos sobrevivientes de aquella experiencia intentan todavía recordar el aire de una épica que parece perdida de manera irremediable. De ese tiempo de abundancia, solo queda nostalgia.
Dueña del activo único de su silencio, la actual vicepresidenta ni siquiera pudo disfrutar de la defensa de Alberto en Comodoro Py. El martes pasado, mientras su hijo inauguraba la semana de cumpleaños familiares y ella estaba en el Senado, recibió otra mala noticia de los tribunales federales. La Cámara de Casación dejó firme el procesamiento que Claudio Bonadio le había hecho en la causa Cuadernos y sostuvo el embargo sobre sus bienes. Justo el expediente que surgió de la letra del ex sargento de Ejercito Oscar Centeno y tuvo un rasgo excepcional: igualó a gran parte del establishment con emprendedores como Báez. En un hecho inédito, de coincidencias llamativas con el Lava Jato y bajo el gobierno de un político de cuna empresaria, la patria contratista y la nueva oligarquía de los concesionarios durmieron tras las rejas y tuvieron que poner a trabajar a su ejército de abogados para salir de la cárcel.
Macri dejo tantos heridos que solo su aventura en el poder explica la conformación de un Frente de Todos que se sostiene en lo formal pero cruje fuerte en todos los planos. Eso explica que al lado del Presidente consideren al silencio de Cristina, más que positivo, casi una bendición. Mientras CFK no contradice la prédica de un albertismo que niega el ajuste y se encomienda a un crecimiento que todo lo puede, las riendas principales del gobierno están en manos de un sector de la alianza. Extraña traducción práctica de la unidad hasta que duela, hoy la oportunidad pero también los riesgos del acuerdo con el Fondo recaen sobre el entorno de Fernández.
Los funcionarios que amplifican el optimismo presidencial replican los datos de la reactivación que comienza a notarse en la mayor parte de los ramas de la economía y se apalanca en los números del turismo interno, pero no dan cuenta del impacto de la inflación que supera el 50% interanual, pega más fuerte en el rubro de los alimentos y castiga los bolsillos de una población que viene con los ingresos pulverizados desde hace cinco años. Tampoco se refieren al vía crucis que puede representar para esos mismos sectores el acuerdo con el Fondo: según datos del economista Horacio Rovelli, especializado en políticas fiscales y presupuesto, el entendimiento con el organismo representa un hachazo de 14.000 millones de dólares sobre un presupuesto que equivale a U$S 80.000 millones, si se tiene en cuenta no sólo la reducción del déficit fiscal al 2,5% del PBI este año sino también el formidable ajuste monetario al que se compromete Martín Guzmán, del 3,7% del PBI en 2021 al 1% en 2022. ¿El gobierno puede cumplir con esas metas?
Una vez más, el ministro de Economía tiene la llave del pacto con el organismo de crédito que le entregó a Macri un préstamo que representó en términos relativos 1227% la cuota de la Argentina y más que triplicó lo aceptado para los créditos Stand-By standard. Sólo la sed profunda de buenas noticias lleva a festejar la ausencia de reformas estructurales por parte de un organismo que violó su propio estatuto para facilitar el endeudamiento récord. En el peronismo son pocos los que advierten que los permisivos de ayer vuelven ahora a poner exigencias. Así como el Nuevo Fondo del que habló alguna vez el Presidente no sólo la sacó barata después de haberse asociado a la deriva de Macri, Estados Unidos acaba de rechazar el objetivo de Guzmán de bajar las sobretasas que el organismo les cobra a los países a los que tapa con deuda.
Tal vez hermanada con una Christine Lagarde que también enfrentó procesos judiciales en París mientras era directora del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva acaba de reivindicar en público a su antecesora en la cumbre de países de Europa y África en Bruselas: no solo la definió como una “ilustre” ex directora general sino además como una “querida amiga”. Mientras tanto, el nuevo director del Hemisferio Occidental del FMI, el brasileño israelí Ilan Goldajn, viene de reclamar en un seminario que el acuerdo con Argentina sea “realista, pragmático y creíble”. La cara sensible de Georgieva vuelve a quedar desdibujada.
Mientras el futuro de 40 millones de habitantes se debate vía Zoom entre un grupo reducido de funcionarios, la letra chica es un enigma y la mayor parte de la población no sabe de qué se trata. Lo ilustra un trabajo reciente de Circuitos en la primera y tercera sección electoral, los tres cordones del GBA y el interior bonaerense. La consultora que dirige Pablo Romá preguntó como evalúa el entendimiento con el Fondo: el 57,4% de los consultados respondió que aún no lo sabe, el 25,7% consideró que es un buen acuerdo y el 16,9% opinó que es malo. Sobre la pregunta de si se podrían haber logrado mejores condiciones en la negociación, el 48% dice que no lo sabe, el 33,7% dice que si y sólo el 18,3% comparte el criterio de las elites que aplauden lo que definen como la única alternativa posible.
Más llamativa todavía es la respuesta de los bonaerenses ante la consulta sobre si se debía reconocer como legítima la totalidad del préstamo de 44.000 millones que tomó Macri: solo el 21,7% dice que si, el 19,4% dice que todavía no lo sabe, el 12% dice directamente que no había que pagar la deuda y la mayoría (el 42,3%) sostiene que se debía pagar “solo la parte que se reconociera como legítima”. Pese a eso, el 36% de los encuestados considera que el Congreso debe aprobar el acuerdo, sólo el 12,6% cree que debe rechazarlo y 51,4% admite que aún no lo sabe. El optimismo de Balcarce 50 y la recuperación de la economía todavía no permean en el humor social: la amplia mayoría de los consultados dice que la situación del país es muy mala (30,8%), mala (25,7%) o regular (22,3) y solo el 17,2% considera que es buena (12,6%) o muy buena (4,6%); mientras una minoría supone que, gracias al acuerdo con el Fondo la situación puede mejorar (12%) o mejorar mucho (6,9%); el 15,4% prevé que va a empeorar y el 38,2% a empeorar mucho.
Como acaba de quedar demostrado con el aumento de la tasa de interés que ordenó Miguel Pesce, de ahora en adelante en todo estará la mano del Fondo. La piedra basal del ajuste está en la reducción de subsidios y en el aumento de tarifas. Aunque se avanza con las audiencias públicas y se anuncia una suba del 20% en los servicios, por lo bajo el debate interno permanece. En el cristinismo se apiadan de Santiago López Osornio, el subsecretario de Planeamiento Energético que responde a Guzmán y tiene la misión de resolver un imposible.
A la vuelta de la historia, el Instituto Patria coincide con los datos del informe de Nicolás Arceo y Emmanuel Álvarez Agis que se mencionó en esta columna el domingo pasado. Hay por lo menos 5 factores que conspiran contra el recorte de subsidios vía tarifas: el aumento de los precios internacionales de la energía, la suba del dólar, la menor oferta de gas de Bolivia, la crisis hídrica y el incremento de la demanda debido a la reactivación.
Tomados por un escepticismo que deciden por ahora no difundir, cerca de la vicepresidenta y de su hijo Máximo repiten que el diagnóstico de Guzmán es equivocado y tienen grandes dudas sobre el cumplimiento del acuerdo. Piensan que es imposible recortar subsidios vía tarifas, salvo que el peronismo aplique la doctrina Aranguren, más cerca de un incremento del 200% que del 20% que se anunció.
Los datos que le acercan a Cristina dan cuenta de un escenario cuesta arriba. Mientras los costos de generación aumentaron 42% en dólares en 2021 y el 60% de los costos del Plan Gas para las petroleras están incluidos en la masa de subsidios, el conflicto en Ucrania dispara todavía más los precios. En la región, Bolivia sufre el declino de su producción de gas: si insiste en priorizar a un Brasil que tiene gran parte de su matriz atada a la energía hidráulica y sufre como pocos la crisis hídrica, no será nada fácil reemplazar ese suministro. En el gobierno dicen que Guzmán acordó con Bolivia 9 millones de metros cúbicos día durante enero y febrero, pero el futuro está lleno de signos de interrogación: para el invierno, los especialistas sostienen que hacen falta por lo menos 12 millones de metros cúbicos día.
La salida de mediano plazo, según coinciden las distintas alas del oficialismo y los empresarios del sector, estaría en la construcción del mega gasoducto Néstor Kirchner, que pretende unir Vaca Muerta con Salliquelo en provincia de Buenos Aires y San Jerónimo en Santa Fe. Dilatado todavía el llamado a licitación, permitiría aumentar la producción de gas entre 10 millones y 24 millones de metros cúbicos día, según las distintas estimaciones que circulan en el gobierno. Bajar los costos de energía y aflojar el estrangulamiento externo que provoca las importaciones de combustible demandaría un año y medio desde la puesta en marcha de un proyecto que, según dicen en el sector, no tiene detractores de peso pero se demora de manera inexplicable.
