El delito es perder

Nota publicada en La Política Online el 07/01/2023. Foto: TELAM

Detras de la nueva temporada de filtraciones, hay una guerra desesperada por la supervivencia en el poder. La dirigencia se entrega a las bandas de espionaje. La ley tiene tarifa y la traición es la norma.

Esto recién empieza. La cita alude al conflicto político que entró en una nueva fase, tomado por las filtraciones, y se repite a los dos lados de la trinchera. En el arranque de un año electoral decisivo para las distintas facciones de poder que luchan en forma desesperada por su supervivencia, el espionaje ilegal es usado una vez más como arma política. Así como durante el gobierno de Mauricio Macri se utilizaba para arrinconar a una Cristina Fernández de Kirchner que se había quedado sola, ahora le resulta funcional a la vicepresidenta. Todo vuelve.

La saga de los chats que produjo el teléfono envenenado de Marcelo D’Alessandro es resultado de una ilegalidad ya habitual en la guerra por el poder y abre, al mismo tiempo, a todo tipo de delitos en los que el ministro licenciado por Horacio Rodriguez Larreta aparece involucrado. Cada cual se indigna por lo que quiere.

Aunque es probable que a los porteños les enfurezca más el botín historico de las grúas que Marcelo Violante negocia con D’Alessandro, a la cúpula de un Frente de Todos testimonial en la ciudad le interesa más la batalla judicial con la Corte Suprema y los chats en los que Silvio Robles, mano derecha del peronista Horacio Rosatti desde hace casi dos décadas, le da indicaciones al sucesor de Diego Santilli. Ese nexo es el que llevó al calesitero Alberto Fernández a pedir la destitución de Rosatti, después del fallo por la coparticipación a favor de Larreta y de que el dueño de los chats decidiera dejar expuesto otra vez a D’Alessandro con su millón de amigos.

Frustrada por tres años en los que sus leales no supieron resolver las causas penales con las que la persigue Comodoro Py, Cristina entiende que es momento de hacerle pagar el mayor costo político a los cuatro jueces de una Corte que se distingue por el conflicto entre sus propios miembros. El peronismo de Cristina apunta a tener 90 días para exponer a los supremos desde el Congreso. El intercambio de información de Robles con D’Alessandro y su asistencia a un cumpleaños del paisano macrista Juan Ignacio Mahiques le dieron a la vice nuevos argumentos contra Rosatti, el ex ministro de justicia de Nestor Kirchner que llegó a la presidencia cuando pocos lo esperaban y se convirtió en un actor más de la oposición cuando asumió también al frente del Consejo de la Magistratura.

Para el gobierno, el santafesino Rosatti y el porteño Larreta se asociaron por vías de sus colaboradores para lanzar el proyecto presidencial del candidato del PRO. Larreta gana un perfil nacional pero enfurece a los gobernadores del PJ y al radical sui generis Gerardo Zamora: dependerá de la legitimidad de los mandatarios provinciales en sus distritos, la suerte electoral del pretendido heredero de Macri en 2023.

En el FDT, no solo disparan contra Rosatti. El diputado Eduardo Valdes apunta contra Carlos Rosenkrantz y lo señala por haber estado en los últimos días con el prófugo Fabian “Pepin” Rodriguez Simón en el Club de Mar de José Ignacio. Pero Rosenkrantz dice que el supuesto encuentro es falso y afirma ante su entorno que Valdes lo sabe y ya no lo repite más. Siempre hay un amigo en común que transpira por la tregua entre las partes.

La ofensiva del gobierno no es igual contra todos. Cerca de la vicepresidenta hay funcionarios que siguen apostando al regreso de Ricardo Lorenzetti, el supremo que fue todopoderoso durante 11 años y ejerció como jefe del partido judicial en el tiempo en que las escuchas contra Cristina eran difundidas en cadena nacional por la actual oposición. Así como contradijo a Clarín en el fallo por la ley de medios, Lorenzetti alentó a jueces como Claudio Bonadio y Ariel Lijo para que avancen con la doctrina de su amigo Irurzun y lubricó como nadie los vasos comunicantes entre medios de comunicación, tribunales federales y servicios de inteligencia. El cristinismo que ayer lo sufrió ahora lo extraña como interlocutor.

En el gobierno y la oposición, todos están atentos a la aparición de nuevos chats y especulan con lo que pueda surgir del teléfono de Santilli, otro ex ministro de Seguridad porteño. Sin embargo, Comodoro Py también tiene decisiones para tomar y prepara la reapertura de la causa Hotesur antes de que se conozcan los fundamentos de la condena de Vialidad. El partido judicial coincide: esto recién empieza.

La escena de fondo no se entiende sin reparar en la asimetría de poder que rige las relaciones entre políticos que van a elecciones cada dos años en un país en crisis permanente y un poder judicial que se queda a vivir en su mundo de privilegios. Como la historia de la violencia en la Argentina, la pelea entre bandas asociadas al espionaje que se alternan en el poder es larga y no hay acuerdo en su fecha de inicio.

Hasta ahora, lo único que sobresale es que la partitura de las filtraciones ilegales está escrita a pedir de Cristina. Se confirman todas las denuncias que la vicepresidenta se cansó de hacer y que la disputa política ilustra cada día. El kirchnerismo y sus aliados enfrentan a un bloque de poder permanente que tiene sus fisuras internas pero lo doblega con su artillería. Nada es estático, como lo muestra el desprendimiento de Sergio Massa y sus satélites de ese planeta que animó con todas sus fuerzas durante seis años.

Guiada por la militancia del ex titular de la SIDE Miguel Angel Toma, la oposición de Juntos en el Congreso desechó la hipótesis que señala a Antonio “Jaime” Stiuso como el gran director de la función de los chats de D’Alessandro. De íntima confianza de Miguel Angel Pichetto y Cristian Ritondo, Toma puede sentirse satisfecho, lo mismo que Stiuso. Su amigo Ritondo, el diputado radical Miguel Ángel Bazze y los senadores Ignacio Torres, Daniel Kroneberger y Alfredo Cornejo apuntan a un grupo de militares que responden a Cesar Milani, el general denunciado por delitos de lesa humanidad que Cristina elevó a lo más alto. Del grupo mencionado, el de peores antecedentes es el coronel Marcelo Granitto, que trabaja desde diciembre de 2019 en el ministerio de Defensa bajo la orbita de Sergio Rossi, el primo del titular de la AFI.

Sin embargo, el enfrentamiento no se restringe a la pelea gobierno-oposición y calza mejor en la lucha de bandas que proliferan ante la falta de liderazgo. Desde el Frente de Todos, repiten que las filtraciones se enmarcan en la disputa feroz que libran Larreta y Patricia Bullrich. En el Congreso, sostienen que D’Alessandro intervino ante la policía y la justicia porteñas a través de otro de sus íntimos, el fiscal Cesar Augusto Troncoso, para lograr la caída de Gerardo Millman, el diputado que escoltó a la ex ministra de Seguridad durante cuatro años. El estrellado Millman debe haber sido muy bien considerado por las autoridades de la Cámara de Diputados desde el primer minuto como para que el FDT lo autorizara a contratar 34 empleados.

El oficialismo insiste en que Bullrich está detrás del espionaje a D’Alessandro con la banda de policías de la ciudad que llegó a la AFI comandada por Alan Ruiz y terminó procesada en la causa de megaespionaje que impulsó el juez de Lomas de Zamora Federico Villena hasta que la Cámara de La Plata lo apartó. Pero en el larretismo lo descartan de plano. Primero porque el poliespía Ruiz terminó reportando a Silvia Majdalani, otra gran amiga de D’Alessandro. Segundo, más importante, por la conclusión de un hombre clave de Larreta: “Patricia jamás se va a poner enfrente al Grupo (Clarín) y menos por un funcionario de segunda línea”.

El enojo de Larreta con el ministro que no se quería ir de licencia es proporcional al que siente Bullrich con Millman. Los optimistas dicen que es preferible desprenderse ahora de ese tipo de colaboradores pero otros piensan que se trata apenas de las primeras bajas. 

Con un pasado zigzagueante entre el peronismo del medio y el macrismo, D’Alessandro también perdió en los últimos tiempos la estima de la tía “Chuchi”, María Romilda Servini de Cubría. Su radio de relaciones era demasiado amplio. No solo era amigo del director general de la vocalía de Rosatti: además, estaba asociado  con Villena, el juez que investigaba la red de espías, policías y narcos que había reclutado la AFI de Macri para espiar a casi toda la clase política, incluida la mitad del PRO. Por ese vínculo de íntima confianza con Villena, el ex presidente exigía desde hace tiempo la cabeza del turista PRO en el Lago Escondido y ahora se beneficia, en una rara coincidencia con Cristina. Sin embargo, D’Alessandro exhibe a su favor las oraciones de Elisa Carrió y las de muchos dirigentes que se mueven en los autos con custodia de la policía porteña.

Al lado de Larreta, buscan despegar de los negocios que D’Alessandro ofrecía, saben que el contenido de los chats no fue editado y se arrepienten de no haber nombrado a Gustavo Ferrari en su lugar. El ex ministro de María Eugenia Vidal tiene relación con Macri y trabaja el vínculo de Larreta con la Corte pero evita la exposición. Ahora, tanto en el gobierno como en la oposición, se menciona a Lucas Nejamkis como destinado a conquistar de algun manera ese lugar. Nejamkis trabajó para el kirchnerismo durante 10 años y ahora reporta con entusiasmo a la escuadra de Stiuso. Su intenso enfrentamiento con D’Alessandro no implica filiación: tiene lazos estrechos a los dos lados de la polarización.

En un año electoral que arrancó antes de tiempo, todo se mezcla. Detrás de lo que se perfila como un leading case, asoma el vale todo, el tráfico de influencias, la promiscuidad del poder y el terreno viscoso al que se entrega la dirigencia. Mientras se dispara el valor de mercado de las filtraciones y se inicia lo que puede ser un nueva temporada de espionaje cruzado, pocos pueden sentirse a salvo.

El lenguaje críptico que forma parte de la guerra confirma que se libra de espaldas a las mayorías de un país que tiene 92% de inflación y ve cómo el poder adquisitivo se le escurre de las manos a los que mañana van a tener que ir a votar. 

En Juntos, sostienen que el Frente de Todos da por perdida la batalla electoral. “Saben que pierden y tiran el mantel con la mesa puesta”, dicen. Sin embargo, en La Cámpora recuperaron el optimismo y apuestan fuerte por la candidatura de un Massa al que ven en su “mejor momento”. Mientras la falta de dólares se camufla de todas las maneras posibles, la política tiene margen para oscilar entre la endogamia y la euforia.  

Como antecedentes de conflagración aparecen el operativo revancha que llevó a la cárcel a empresarios y ex funcionarios ligados al kirchnerismo durante los años de Macri, la prolongada alianza del kirchnerismo con Stiuso durante la década ganada -hasta el memorándum con Irán- y la pasión de Macri por espiar a los propios en sociedad con el fallecido Jorge “Fino” Palacios. Soldado de la CIA, Stiuso chocaba con el federal Palacios, de histórico lazo con el FBI. Pero Palacios murió y Macri sigue siendo un apasionado.

De larga trayectoria en procesos de reformas penales en toda América Latina, el jurista Alberto Binder es de los pocos que advierten sobre el festival de las filtraciones que excita a los agentes de la polarización en medio de una crisis prolongada, mientras se empieza a reconfigurar el vinculo con Comodoro Py hacia 2023. Binder ve a una Corte Suprema que es parte de la ilegalidad y que mira para otro lado ante el viaje a Lago Escondido de jueces, empresarios de Clarin y agentes de inteligencia. Pero también a una dirigencia política atrapada en el terreno de mafias que les dicen que le van a servir: en ese barro, avosa, ganan los mafiosos que no tienen ningún límite. 

Las apelaciones constantes que la oposición hace a la sacra institucionalidad y la ilegalidad que le atribuye al gobierno son el reverso de las que la vicepresidenta hace a las mafias y la ausencia de Estado de Derecho. Mientras, la democracia es una cancha inclinada a favor de grupos de poder que ejercen su predominio en tribunales tarifados. Siempre vigente, aplica la frase que circula desde hace tiempo entre algunos dirigentes del PRO que lejos de las cámaras utilizan un lenguaje bastante más crudo que el de la campaña. “En la Argentina, el delito no es robar. El delito es perder”. Perder el poder. O quedar expuesto ante una ley escrita por el enemigo.

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