Fernández y la necesidad de cambiar la óptica para salir del pozo

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Nota publicada el 28 de abril del 2020 en El Canciller. Foto: Presidencia de La Nación.

Con el correr de las horas y los efectos del encierro, también Alberto Fernández empieza a cambiar. El Presidente sabe que el operativo de emergencia que se diseñó para enfrentar los primeros 40 días de pandemia es pura excepción: no hay recursos para repetir el esquema y prolongarlo en el tiempo resulta inviable.

El gobierno irá avanzando con la cuarentena focalizada y buscará la forma de reactivar sectores de la economía con protocolos rigurosos. El Estado seguirá siendo el motor esencial de la actividad con créditos baratos, pagos de sueldos y paliativos para los sectores más vulnerables. Para eso deberá multiplicar los fondos que destinó hasta ahora a frenar el impacto de la recesión. Pero ya no podrá financiarse únicamente con emisión y deberá idear nuevos mecanismos para cubrir, al menos en parte, el derrumbe de la recaudación.

Los próximos 10 días son decisivos. Más por la negociación con los bonistas que por la cuarententa extendida. El razonamiento que se escucha en la residencia de Olivos no deja demasiado margen para pensar que puede haber una mejor oferta. Argentina, dicen, ya vive condiciones de default: el gobierno nacional no tiene nada de financiamiento externo y ninguna provincia lo tiene. Hay gobernadores que están endeudados en dólares y no pueden pagar lo que deben. Peor aún, distritos como Chubut o Neuquén salieron a tomar deuda bajo ley Nueva York y, a pesar de poner sus regalías como garantía, se comprometieron a pagar un interés exorbitante. A los gobernadores, de los distintos partidos, les conviene la reestructuración integral.

Si habitamos el default virtual como repite Fernández, lo que se está definiendo ahora -entre las conversaciones discretas y el lobby que potencian los medios- es a qué velocidad se resuelve la salida. Si hay un canje exitoso para la quita que presentó Martín Guzmán, si existe una “reestructuración parcial” o si el default que en Olivos ya respiran se convierte en estado prolongado por un tiempo indefinido. De ser como dicen, deuda no se va pagar por tres años.

Serán las empresas más grandes, es probable, las que más van a sufrir la cesación de pagos. Sin embargo, en el establishment no son pocos los que reconocen que ya escasea el financiamiento barato y que Vaca Muerta -el sector que más perspectiva tenía de recibirlo- entró en el peor de los mundos. Existen petroleras que lo admiten: tampoco un acuerdo con los tenedores garantiza que las inversiones vayan a venir en el corto plazo.

El objetivo, repiten desde el oficialismo, es sostener a las empresas para evitar que se destruya el capital acumulado y se sigan perdiendo puestos de trabajo en el sector formal. Fernández y Guzmán piensan que desde el mes que viene van a poder usar para otra cosa las reservas que hasta ahora destinaron a cubrir vencimientos. Los dólares irán a financiar la estructura productiva y a los sectores que necesitan importar insumos para la producción.

Desde que comenzó la cuarentena, Argentina volcó el 1,7% de su PBI a mitigar el impacto del derrumbe generalizado. Pero eso fue sólo entre fines de marzo y principios de abril, una ventana de tiempo incomparable con lo que destinan otros países en un trimestre, un semestre y hasta todo el año. Ahora desde Economía difunden un informe que proyecta un paquete contracíclico de 5,6% del PBI en los próximos dos meses. ¿De dónde van a salir? La gran apuesta oficial excede el impuesto por única vez a las grandes fortunas: parece ser reactivar el mercado de deuda en pesos con intervención del Banco Central y lograr el milagro de que el sector financiero -con ganancias extraordinarias en 2019, como se mostró en esta columna la semana pasada– haga su aporte para salir de la crisis.

En la entrevista con Ernesto Tenembaum, Fernández habló el lunes del “martirio de las Leliq” y reflotó así una de sus consignas más taquilleras durante la campaña presidencial. Fue la forma de aludir a lo que Guzmán definió ante Horacio Verbitsky como el “negocio básico” de los bancos: “favorecer la especulación”. En Olivos aseguran que primero las Lebac, después las Leliq y finalmente los denominados pases se convirtieron en un “subsidio” directo del Estado a los bancos. En lugar de favorecer el crédito productivo como marca el ideario oficial, las entidades financieras explotaron de pesos que no prestan y llegaron a colocar $ 600.000 millones en pases. “La sociedad está pagando con sus ahorros la renta de los bancos. Frenan la rueda del financiamiento y le prestan al Central que termina emitiendo para pagarles intereses a ellos. No tiene sentido”, dicen.

De ahí el nuevo operativo para que los bancos se comprometan a fijar un piso para los plazos fijos y empiecen a prestarle al Tesoro para financiar parte de lo que Fernández espera inyectar en la economía de la parálisis. Ambicioso, el objetivo incluye la no reestructuración de la deuda en pesos y dar una alternativa de ahorro distinta a la dolarización permanente. No hace falta reformar la Carta Orgánica del Central ni aprobar nuevas leyes para que el Presidente logre su objetivo: dejar de depender, como hasta ahora, de lo que decidan los bancos y los acreedores externos.

Si la coronacrisis puede licuar el impacto del default argentino en un mundo que se viene abajo y favorecer a Fernández por descarte, la guerra global que hundió el barril del petróleo puede diluir el desastre que el gobierno de Mauricio Macri hizo con YPF en apenas cuatro años.

Un informe que circula en el mercado sobre la empresa de mayoría estatal muestra que todos sus indicadores se vinieron a pique, mucho antes de que el COVID-19 se extendiera como una mancha de aceite. Valuada hoy en U$S 1300 millones, a menos de 4 dólares en Wall Street, la acción de la compañía que en tiempos de Miguel Galuccio rondó los U$S 30 ya había caído con Cambiemos por debajo de los U$S 10. La inversión de 4000 millones de dólares que se prometió redundó en una caída de 3000 millones, la producción de gas natural que se proyectaba aumentar en un 25% cayó 18% en 2017 -y 8% más en 2018- y el indicador de la EBITDA que se había proyectado 10% arriba terminó 32% abajo.

Además disminuyeron las reservas y aumentó la deuda al punto tal de que hoy también debe renegociarse. Pese a eso, la conducción de la YPF amarilla sobrevivió durante los primeros cuatro meses de la gestión de Guillermo Nielsen: recomendado a Macri por Nicky Caputo, el financista Miguel Gutiérrez quedó como director clase B hasta principios de abril y el CEO Daniel González llegará intacto a la asamblea del jueves próximo, en la que se espera arranque una nueva etapa. Dicen que Cristina Kirchner, asesorada por Galuccio, quiere intervenir y designar a un profesional al frente para capear el temporal y trascender las internas energéticas del gobierno.

Mientras se discute el barril criollo, se reducen los salarios de los petroleros y el precio de las naftas sigue intacto, los optimistas afirman que el crudo está en un valle y los pronósticos para los próximos dos años hablan de una recuperación inevitable. Si es así, con la acción de YPF por el piso, el Estado está ante la oportunidad de comprar barata una parte más de la empresa.

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