Alberto Fernández dice que se enteró por un tuit de que el bloque de su gobierno se había dividido en el Senado. El Presidente cuenta que estaba en Olivos, poco después de las 23 horas, cuando recibió la noticia. Hasta entonces, repite, no estaba al tanto del movimiento que había ordenado Cristina Fernández de Kirchner -junto a Sergio Massa, José Mayans y German Martínez- para quedarse con el lugar de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura.
Que el presidente y la vice no hablan, eso nadie lo niega. Pero al lado de Cristina afirman que Alberto contaba con la información precisa y aseguran que tanto Massa como el ministro de Justicia, Martín Soria, se habían encargado de anticiparle la jugada de la que se hablaría durante toda la semana. Aunque algunos audaces salieron a denunciar un golpe de la Corte, la variante se estaba analizando desde hacía tiempo y, según sostiene el cristinismo, contaba con el aval de Fernández. También estaban contempladas la diferenciación de Massa en Diputados y la impugnación que hizo el sucesor de Máximo Kirchner ante el Consejo de la Magistratura.
Paradojas del desencuentro sistemático en el heterogéneo Frente de Todos, el hijo de la vicepresidenta declaraba lo mismo que Alberto poco después de que se viralizara la noticia. Él, decía, tampoco estaba enterado del rediseño legislativo que había ideado su madre. Lo mismo argumentaban la mayoría de los senadores que aparecían repartidos en los bloques que Mayans y Juliana Di Tullio pasaban a presidir. Solo algunos pocos habían sido informados ese mismo martes por la tarde.
El cristinismo no confiaba en que Horacio Rosatti le iba a dar tiempo a la política para resolver lo que no había hecho en los 120 días previos y no quería entregarle a Luis Juez un sillón en Consejo. Creado por la reforma constitucional de 1994 y con la misión de seleccionar y sancionar jueces, el organismo se distingue por ser un espacio de disputa política y tener una utilidad desconocida por la enorme parte de la sociedad. Además, por contar con 1500 empleados, algunos con sueldos que envidiaría la ancha franja de la población que corre desesperada para llegar a fin de mes.
Grieta, peleas y denuncias al margen, la jugada de Cristina revela varias cosas que trascienden los pasillos de la batalla judicial. Primero, la vicepresidenta se ocupa en persona de los temas que la desvelan y ya no espera que el Presidente le resuelva ningún problema. No lo hizo la agobiada Marcela Losardo ni lo hace ahora tampoco el estridente Martin Soria. Con modos y filiaciones distintas, los dos ministros de Justicia que eligió el Frente de Todos quedan igualados a la hora de perseguir los objetivos que se proponen en lo alto del Senado.
Aún balcanizada, la cámara alta es el reino de Cristina y el Presidente no tiene diálogo con los senadores, tal como le facturó el propio Mayans, en la reunión que tuvieron en Casa Rosada el jueves 10 de marzo, cuando Alberto le pedía apoyo al pacto con el FMI y los piedrazos penetraban en el despacho de CFK. Fernández, sin embargo, no se puede quejar: de los 172 decretos de necesidad y urgencia que firmó desde que asumió su cargo hasta fines del año pasado, el Senado le aprobó 161 y solo dejó sin tratamiento algunos importantes que pertenecían al área de Martin Guzmán.
Parte de la misma contienda que le consume gran parte de sus energías y la desliga de las prioridades sociales, la vice ahora se propone ampliar por mayoría simple el número de miembros de la Corte y para nombrar nuevos supremos sueña con que la plasticidad de Massa le arrime la mayoría agravada del radicalismo de Gerardo Morales; “Yuto” para el ex intendente de Tigre.
Como en los viejos tiempos, un pacto entre el PJ y la UCR impulsado por los gobernadores podría aportar los dos tercios de los presentes con consecuencias impredecibles, en particular para la salud de la alianza Juntos. Sin embargo, la posibilidad de un acuerdo de ese tipo es lo que la jugada de Cristina viene a invalidar en el marco del enfrentamiento repetido entre oficialismo y oposición. Para reconstruir puentes dinamitados y sortear la desconfianza que generan los cambios permanentes en lo que algunos llaman las reglas de la política, Massa y Morales tendrán que maximizar su inventiva.
La novela de la Magistratura continuará judicializada pero en el Palacio de Tribunales dicen que ahora los enviados de Cristina ya no denuncian un golpe sino que le piden por favor a Rosatti que le tome juramento al camporista Martin Doñate, impugnado por el influencer macrista Alejandro Fargosi. En una pelea endogámica, donde los jueces tienen pésima imagen y los partidos políticos pelean por sobrevivir y reproducirse a años luz de la realidad social marcada por la inflación del 6,7% en marzo, la Corte vuelve a la ley de los años noventa que votaron entusiastas de todas las épocas como el entonces senador Leopoldo Moreau.
El cortoplacismo y la desesperación que la oposición advierte en Cristina es la misma que el peronismo no colaboracionista observó cuando en 2015 Pablo Tonelli se travistió de minoría para quedarse con el lugar que dejaba Anabel Fernández Sagasti.
De fondo, reaparece el problema que afecta a la dirigencia ante el Frankestein de Comodoro Py y el temor de la clase política ante la guillotina tendenciosa de los tribunales federales, en parte tarifados hasta la médula y en parte funcionales al poder permanente. Experimentado como pocos, Miguel Ángel Pichetto pretendía darle un corte al tema en el caso de que Macri lograra la reelección que no fue. Con escaso predicamento entre sus socios de Juntos -al menos en este tema-, el ex jefe del bloque de senadores del PJ repite que hay que terminar con la Argentina judicial y sostiene que es necesario poner a los ex presidentes bajo jurisdicción de la Corte Suprema para evitar la tiranía de los tribunales inferiores.
Pichetto nunca lo dijo en público -y menos lo haría en este contexto- pero lo repitió en distintas mesas durante mucho tiempo: un indulto para Macri y para Cristina podía terminar con la asimetría de poder entre políticos que viven prisioneros de los movimientos judiciales y sentar las bases para otro tipo de acuerdos gobierno-oposición, si se hacía en el marco de un entendimiento general que incluyera “la unidad nacional” y “cambios estructurales en lo fiscal”. Un gran pacto para un nuevo orden que compre el establishment.
De larga relación con el extinto francotirador Claudio Bonadio, Pichetto se confiesa entre los que no imaginaron la jugada de Cristina y cree que es una movida con la que se autolesiona. Sin embargo, el miedo a la revancha de los jueces -que unos identifican con el poder económico y otros con facciones del peronismo- no es sonso: la obsesión de la vicepresidenta se vio confirmada entre 2015 y 2019 cuando se desató una ofensiva sin precedente que llevo a la cárcel a funcionarios y empresarios identificados con el kirchnerismo. Nadie puede asegurar que se trate de hechos del puro pasado.
Aunque no altera las prioridades sociales, la batalla por los lugares en el Consejo de la Magistratura es sintomática. El cristinismo se mueve como si la elección de 2023 estuviera perdida y hasta diseña una división de dos bloques que habían votado separados ante el acuerdo con el Fondo y podrían volver a hacerlo en el futuro. Así, se delata otra vez más atento al poder de la corporación judicial que a las penurias de los que no llegan a fin de mes.
El mismo martes en que Cristina consumó su movida fulminante, Alberto estaba satisfecho como hacía bastante tiempo no le ocurría. Había aplazado sin fecha los cambios de gabinete y había anunciado junto a Guzmán un bono extraordinario de 18 mil pesos a pagar en dos cuotas para trabajadores informales.
El gobierno destina un paliativo excepcional para hacer frente al problema estructural de la inflación y ofrece una cifra similar a la del IFE que cobraron 9 millones de personas hace nada menos que dos años. Sin embargo, el Presidente y sus colaboradores lo festejan por varios motivos. Piensan que es una señal de reacción ante el problema más grande que afecta a las mayorías, entre ella la base hasta hace poco inconmovible de lo que fue el kirchnerismo histórico. Y es, para Fernández antes que nada, un mensaje a sus detractores internos: con ese anuncio, Alberto cree haber demostrado que el Fondo no lo va a condicionar y que el ajuste no es su norte.
En primera fila, las caras sin barbijo de Massa, Eduardo De Pedro y Axel Kicillof insinuaban que algo no les cerraba. ¿La razón? Al lado de Alberto creen que, para que se cumplan sus advertencias y preocupaciones, Maximo necesita que este gobierno fracase.
La redistribución, palabra mayor, queda a años luz. Será difícil, lo saben en Olivos, que los 200 mil millones de pesos que el Ejecutivo destinará al bono provengan del llamado impuesto a la “ganancia inesperada” y justifiquen alguna épica. La imposibilidad de aprobar proyectos se convirtió en una constante de la marca Frente de Todos y el financiamiento dependerá del permiso que Kristalina Georgieva consiga para la Argentina de Guzmán en el marco de la inflación global y los precios de guerra.
Una vez más, es el INDEC el que pone en aprietos al optimismo oficial. Según los números difundidos el jueves, la Canasta Básica Total subió en marzo un 7% -arriba del IPC-, aceleró al 17,8% en el trimestre y una familia tipo necesitaba el mes pasado $86.690 para no ser pobre, sin contar el costo del alquiler. Peor todavía, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que fija el umbral de la indigencia- acumuló en los primeros tres meses del año una suba del 20,9%.
Instalado gran parte de la semana en Buenos Aires, Agustín Rossi le propone al Presidente lanzar un Salario Básico Universal con el objetivo de emular a la Cristina del 2009 y llegar a la indigencia cero. Pese a que los índices bajaron, las personas que no cubrían una canasta básica eran a fin de año 2,4 millones de personas, el 8,2% de la población. Ahora, una familia tipo -que en teoría tiene resuelto el problema de la vivienda- necesita $39.862 para no caer a ese submundo y el salario mínimo, alguna vez vital y móvil, está por debajo de esa línea.
A eso se le suma la realidad que afecta a gran parte de los 19,9 millones de ocupados en Argentina. Lo muestra el ultimo informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo del IDAES de la UNSAM. El mercado laboral se terminó de recuperar, la cantidad de ocupados supera a la de 2019, el empleo registrado del sector privado acumula 13 meses de crecimiento y la desocupación se acerca a uno de los valores más bajos desde 2003.
Sin embargo, dice el estudio, el salario real solo recuperó 2 de los 20 puntos de poder adquisitivo perdidos entre 2018 y 2019. Hoy la mitad de los trabajadores tiene ocupaciones precarias o inestables y la precarización del trabajo es responsable directa de la pobreza. Según el trabajo coordinado por Matías Maito, los informales que van a recibir el bono durante 2 meses son los que peor la pasan: la proporción de trabajadores pobres es del 15% entre los asalariados registrados, pero escala al 41% entre los cuentapropistas y al 45% entre los informales. Es una agenda que no encuentra solución mientras la inflación se dispara y la desigualdad se profundiza de acuerdo a los números del INDEC. Incomoda por el gobierno y casi inexistente para la oposición, esa guillotina debería preocupar más a la política que la batalla judicial.
Confiados en que la pobreza se tramita entre la dinámica de la calle y los escritorios sin eclosionar nunca, los que más nerviosos están y más presionan son muchas veces los que mejor están y más ganan. A un mundo de distancia, hay casos como el de Candela Salazar, la chica de González Catán que sobrevivió de milagro después de caer desvanecida a las vías del tren. De 24 años y madre de una nena de 2, estaba sin trabajo y sin comer cuando se desmayó y cayó desde el andén. Ahora piensa que la vida le dio una segunda oportunidad.
Es en ese contexto, que la campaña electoral se precipita. El Presidente dice que el 2023 no está perdido un carajo y la vicepresidenta da claras señales de haber hecho el duelo por el error que representa Fernández en el poder. Con rumbo a Israel y acompañado de gobernadores, Eduardo De Pedro inicia su tercer viaje al exterior en menos de dos meses y después de recibir al embajador de Estados Unidos en Casa Rosada. Pero además la propia Cristina está pensando en el año próximo y sus incondicionales, que empiezan a candidatearla otra vez para la presidencia, avisan que “se acabó el tiempo de los delegados”. La vice también recibió al embajador Marc Stanley y en el oficialismo sostienen que ya está confirmado su encuentro con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, una misión de alto impacto revelada por LPO el viernes último.
Pichetto está entre los que apuran a la oposición sin cabeza. El ex candidato a vice de Macri dice que no hay que subestimar al gobierno, remarca que Cristina sigue teniendo su 30 o 35% y afirma que a fin de año Juntos tiene que resolver la cuestión del liderazgo porque además la Casa Rosada puede adelantar las elecciones. Es de los que hablan de dos fórmulas que permitan ordenar la disputa de todos contra todos.
A contramano de ese apuro, resuena las palabras de Elisa Carrió, devenida en el ala moderada del macrismo. A la vuelta de los años, Lilita predica a favor de la responsabilidad institucional. “Todos quieren ser candidatos. Es gracioso con un país en caída libre. Yo no sé si están en condiciones los que hoy hablan. Falta un año y estamos en un mundo de cambios radicales. Hay que calmarse”, le dijo en los últimos días a la audiencia belicosa de Radio Mitre.
