Grande como los elefantes

Esta nota fue escrita en 2017 y nunca salió publicada. Por varias razones. Norita andaba tanto y viajaba tanto que resultaba alguien imposible de seguir. La acompañé a algunos lugares y logré hacerle cuatro entrevistas. En ese tiempo pensaba que era una buena idea contar quién era en la revista Gatopardo, para reivindicar su figura dentro y fuera de la Argentina. Escribí esto, un perfil incompleto de una gigante.

—El otro día escuché que hay que caminar como los elefantes. Primero una pierna, después la otra. Porque si uno va corriendo, apurado, no puede pensar. Pero si uno va despacio, entonces puede pensar.

Nora Morales de Cortiñas tiene 86 años y avanza por la vereda angosta que la lleva a la Plaza de Mayo, como cada jueves, para participar de la ronda de las Madres que dieron la vuelta al mundo con un pañuelo blanco en la cabeza y una consigna tan inasible como imperecedera: “aparición con vida y castigo a los culpables”. Mientras camina en un día de lluvia, su voz desafía la prepotencia de los autobuses porteños. Durante ese tránsito de dos cuadras, es necesario inclinar el cuerpo hacia su metro y medio de altura para poder escucharla. 

—Fui a Famatina (en La Rioja), fui a Jáchal (en San Juan), fui a Zapala (en Neuquén), fui a Malvinas Argentinas (en Córdoba), fui a la Conchinchina. Mis médicos me dicen que me tengo que cuidar y no puedo andar con tanta humedad.

Foto: Emergentes.

Cortiñas nació un 22 de marzo del siglo pasado en un hogar de padres catalanes en el barrio porteño de San Cristóbal. Pero en 1952, cuando su primer hijo tenía 5 meses, se mudó con su familia a Castelar, una localidad que queda a 25 kilómetros de la Capital Federal. Desde entonces, por las mañanas se sube al ferrocarril Sarmiento para venir a Buenos Aires en el mismo tren que cada día traslada a 200 mil personas y que en uno de sus accidentes, en 2012, dejo 52 muertos a causa de un choque. Ese día, Nora no tomó el Sarmiento: la habían ido a buscar en auto para llevarla a un acto en el oeste del conurbano bonaerense.

Su hijo, Gustavo Cortiñas, militante cristiano de 24 años, enrolado en el peronismo revolucionario, fue secuestrado por la dictadura militar el 15 de abril de 1977 en la Estación de Castelar. Ella tenía, por entonces, 57 años, y comenzó a recorrer iglesias y comisarías en busca de datos sobre su hijo desaparecido y a encontrarse con otras madres que perforaban la barrera del miedo con una pregunta abstracta que, sin embargo, lo decía todo: “¿Venís por lo mismo?”.

En Argentina, su nombre está a la altura del de las otras dos referentes de la lucha por los derechos humanos: la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Pero Cortiñas se diferencia de las dos por una serie de rasgos muy nítidos. El primero es que no conduce el organismo que integra, las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, creado en 1986 a causa de las diferencias políticas con la corriente que lidera Bonafini: sin haber presidido nunca a las Madres LF, Nora es dueña de un predicamento difícil de equiparar. 

—Si hubiera sido presidente, no hubiera podido hacer todo lo que hice —dice ahora, sentada en el local de la organización en el que, por momentos, ella misma atiende el portero eléctrico y recibe en soledad a quienes la visitan.

El segundo rasgo que diferencia a Cortiñas es que sobrevivió al ciclo kirchnerista sin abrazar la causa del gobierno que en diciembre pasado concluyó sus 12 años en el poder. Hasta que Néstor Kirchner accedió a la presidencia, en 2003, los organismos de derechos humanos de la Argentina mantenían distancia con el poder político. Hija de la desconfianza primero y de las decepciones después, esa distancia fue abismal en algunos casos y moderada en otros, pero en el caso de Carlotto y Bonafini se transformó en un lazo estrecho durante el período kirchnerista. 

Desconocidos para la mayor parte de los organismos de derechos humanos hasta que llegaron al poder, después de la crisis económica y el estallido social de 2001, Néstor y Cristina Kirchner ganaron en poco tiempo el respaldo mayoritario de los familiares de los desaparecidos. 

Con el kirchnerismo, el Congreso aprobó la nulidad de las leyes que habían amnistiado a los militares de la última dictadura. Según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entre 2006 y 2015, 662 represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad y 955 están procesados a la espera de una sentencia, cuando solamente 23 habían recibido condena entre 1988 y 2005. Además aumentó a 119 el número de los nietos –hijos de desaparecidos durante la dictadura– que recuperaron su identidad. Entre ellos estuvo en 2015 el nieto de Estela Carlotto, Ignacio Montoya, que se reencontró con su familia biológica. 

El kirchnerismo –percibido ahora como un pasado de futuro incierto- cambió las coordenadas, provocó entusiasmo en gran parte del activismo social y generó divisiones irreconciliables, pero los movimientos de derechos humanos que se habían fogueado en la resistencia a la dictadura y el neoliberalismo dieron un salto impensado, durante ese gobierno, hacia el oficialismo, la institucionalidad y el funcionariato: ingresaron en una zona desconocida, en la que abundaron las posibilidades pero también los riesgos. 

—Uno va o no va. Acepta o no acepta. Yo siempre me dije ‘acá no, acá no, acá no’. ¿Para qué iba a ir a un acto donde no podía plantear en ningún momento mis preocupaciones? Muchos creyeron que los logros eran resultado de la bondad del gobierno. No fue así.

Ese razonamiento de Cortiñas es el que moldeó su posición política y sobre todo su conducta durante un ciclo que puso a prueba -y fagocitó también- la autonomía de esos organismos. El mismo que la llevó a definir a un enemigo declarado, al que nombra y señala como culpable de todas las divisiones: “el partidismo”, una constante que siempre atravesó a los familiares de desaparecidos pero que por primera vez derivó en alineamiento con un gobierno. 

Aunque los golpes de Estado y la represión fueron la modalidad elegida en gran parte de América Latina durante los años setenta para forzar la aplicación de un plan económico, Argentina fue el país en el que la dictadura militar desplegó una maquinaria de exterminio inédita que dejó 30 mil desaparecidos y 10 mil presos políticos. Con el regreso de la democracia, se distinguió primero por el juicio a las Juntas de ex comandantes que impulsó el gobierno del radical Raúl Alfonsín y después por las leyes de impunidad que sancionaron el propio Alfonsín –ante las rebeliones carapintadas– y el peronista Carlos Menem, como parte de una política de reconciliación nacional que le otorgó la libertad a los comandantes que ordenaron el genocidio argentino. Durante las presidencias de Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015), los derechos humanos se convirtieron en discurso institucional: ganaron alcance y perdieron radicalidad, se concentraron en las violaciones del período 1976 – 1983 y relegaron los reclamos del presente. Se convirtieron en política de un Estado que no admitía nuevas demandas. 

En la era de la polarización, hablar del tema se tornó complicado. 

A partir del gobierno de los Kirchner, la simbólica fecha del 24 de marzo, que recuerda el golpe de Estado de 1976, se partió en dos. De un lado, los organismos, movimientos y partidos políticos que apoyaban al gobierno y agradecían lo conseguido. Del otro, los que desconfiaban y enumeraban sospechosas continuidades con el pasado dictatorial: la segunda –y definitiva– desaparición de Jorge Julio López, un albañil de 76 años que había sido secuestrado durante la dictadura y era testigo clave en los juicios por los desaparecidos en La Plata; la violencia policial que le costó la vida y ocultó el cuerpo –igual que en la dictadura- del adolescente Luciano Arruga; la mafia sindical aliada al gobierno que asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, la impunidad con la que se movió durante los años del kirchnerismo el hormiguero de los servicios de inteligencia nunca depurados, los 4500 activistas procesados por participar de protestas sociales, el hacinamiento y el maltrato en las cárceles, los ataques a las comunidades indígenas. La lista sigue y constituye un reverso incómodo para un ciclo que se legitimó en base a la reivindicación de los derechos humanos. 

Entre las Madres, Cortiñas fue de las pocas que prefirió estar en otro lado sin por eso negar los avances de la época. Caminó una vereda angosta como esa que transita cada vez que acude a la cita irrenunciable de los jueves. Con lluvia y frío como sucede durante los meses de invierno o con 40 grados de calor, como en enero y febrero, bajo ese sol que convierte a la Plaza de Mayo en un infierno. Reconstruir sus pasos recientes sirve para narrar de otra manera el período 2003-2015 y para mirar desde otra base el ciclo que se inicia con Macri, el primer presidente de la historia argentina que proviene del mundo empresario y llega a su sillón sin haberse recibido en la universidad pública, con una escala previa de 13 años como CEO de uno de los clubes más populares de la Argentina, Boca Juniors, y 8 años como alcalde de la ciudad de Buenos Aires. 

A poco de asumir, el gobierno del Frente Cambiemos devaluó el peso argentino en un 40 % y comenzó una andanada de despidos en el Estado que dejó sin trabajo a unos 20 mil empleados que en su mayoría habían sido contratados en forma precaria durante los años previos. Macri dio de baja con tres decretos la ley de medios audiovisuales que había sido debatida durante un año, aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Así, sepultó una de las reformas más ambiciosas del kirchnerismo que derivó en un largo enfrentamiento con el holding de medios más grande de la Argentina, el Grupo Clarín. En una sociedad gobernada por visiones antagónicas, una parte creyó que el matrimonio Kirchner venía a multiplicar las voces como si fueran panes y la otra que sólo buscaba censurar toda opinión discordante. 

Cuarenta días después de asumir el poder, un hecho mereció el repudio de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch: la detención de la dirigente social y militante kirchnerista Milagro Sala. Líder de la organización Tupac Amarú y diputada electa por el Parlasur, Sala fue detenida por la justicia de Jujuy a pedido del gobernador radical –aliado al macrismo– Gerardo Morales después de protagonizar un acampe frente a la gobernación en rechazo a las medidas que recortaban su poder y ponían en riesgo los ingresos de los 20 mil cooperativistas que representa. Amnesty pidió que “se garantice su integridad física”, se ordene su “inmediata liberación” y se ponga fin a la persecución en su contra.

En una de las rondas de enero de 2016, Nora Cortiñas no dudó en pedir por su libertad. Dijo que la detención era injusta e inconstitucional pero recordó los antecedentes preocupantes de la administración Kirchner que recibieron escasísimos cuestionamientos de sus aliados: “Muchos nos despreciaron cuando dijimos ‘No a Milani’, ‘No a la ley antiterrorista’, ‘No al Proyecto X’ (de espionaje a militantes opositores). Ahora tenemos que estar juntos pero no revueltos”. 

El caso de Sala fue contrastado por el kirchnerismo con el del líder de la comunidad aborigen Qom La Primavera, Félix Díaz, que lideró en 2015 un acampe durante 10 meses en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, a unas cuadras del Obelisco porteño. Díaz pretendía ser recibido por la entonces presidenta para transmitirle la situación que vivieron y aún viven bajo el mandato del gobernador peronista Gildo Insfrán: los enfermos por Chagas, la falta de agua y de vivienda, las carencias del sistema de salud, la mala implementación de la Ley 26160 de relevamiento indígena -que debe contar con participación de las comunidades- y la criminalización de la protesta social. 

Con su estilo salomónico, que lo consagra para bien o mal como una vara difícil de ignorar, el Papa Francisco los había recibido a los dos por separado en Roma. Primero al cacique qom -que viajó acompañado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en junio de 2013- y, un año más tarde, a la dirigente jujeña que asistió a la cita junto a una comitiva de referentes de las comunidades kolla, guaraní y diaguita. En el país del ex cardenal Jorge Bergoglio, la primera audiencia fue interpretada como un desafío a Cristina Kirchner y la segunda, como un aval. 

Nora acompañó desde un primer momento las demandas de La Comunidad La Primavera y el líder aborigen se preocupó por reconocerlo en un homenaje que le hicieron en la Biblioteca Nacional, en noviembre pasado. “Yo como indígena no sabía qué era un derecho humano y busqué mucho la respuesta a esa pregunta. Tuvimos un problema grave en nuestro territorio en el año 2006 y me molestaba esa pregunta de los derechos humanos. Ella me ayudó a entender la importancia. Ella está en donde haya un argentino que siente violado sus derechos”. 

Seamos realistas: pidamos lo imposible

Fotos: Periódico Acción – Juan Quiles/3Estudio

El día de la elección presidencial que consagró a Macri presidente, como tantas Madres y Abuelas, Cortiñas fue a votar con una boleta de Daniel Scioli, el heredero no deseado que Cristina Fernández de Kirchner ungió desde la resignación y la impotencia. Pero, cuando ingresó al cuarto oscuro de la escuela Santa Magdalena Sofía Barat de Castelar, se demoró más de lo previsto. Fueron los minutos necesarios para escribir un pliego de demandas insatisfechas hasta el día de hoy, sobre la cara del candidato oficialista.

Apertura de los archivos de la dictadura, 

No a la ley antiterrorista, 

No a la megaminería que nos mata, 

No a la ley de agrotóxicos que nos envenena, 

Entrega de sus tierras a las comunidades indígenas.

Esa proclama –lo más parecido a aquella consigna inicial de “Aparición con vida” que todavía se ve los jueves en la Plaza– ilustra su recorrido y el foco de sus prioridades. Pedir lo imposible. Ese pliego de demandas es el que actualiza para ella la categoría con la que Albano Harguindeguy –general, ministro del Interior de la dictadura y jefe operativo de la represión– bautizó a las Madres en los años más crueles: las “locas” de la Plaza. 


Con su itinerario político, Cortiñas ensayó en los últimos 12 años la respuesta a una pregunta que interpeló a todos los movimientos de origen popular del continente en el ciclo largo de los gobiernos de corte progresista o populista: qué hacer para no perder la esencia. ¿Cómo preservar la iniciativa y la radicalidad? ¿Cómo ejercitar la misma vitalidad de antes, para ver y sentir cada injusticia y estar ahí donde hace falta? ¿Cómo no subordinarse a la lógica del poder, sea cual sea? 

Se concentró en mirar la época desde bien abajo y logró superar las tensiones de un tiempo hiper politizado. Convencida, ocupó el lugar que nadie querían ocupar: el del cuestionamiento. Pero sin estridencias. También en el tono de la crítica estuvo la victoria de una dirigente que pensó cada una de sus apariciones y de sus mensajes; nunca cayó presa del vedetismo ni saltó hacia el barco de la oposición partidaria, pero no omitió nada de lo que otros eligieron callar o minimizar. Esa tarea la obligó a multiplicarse. “Somos poquitas las madres independientes y nos quieren en todos lados. Tenemos más de 85 años y algunas –“las mayores”, como yo les digo– ya tienen más de 90. Pero nosotras reforzamos la fuerza”, repite.

El punto más alto de enfrentamiento con el gobierno de Cristina Kirchner llegó en 2014, cuando apuntó contra el general César Milani, un militar que escaló hasta ser jefe del Ejército por decisión de la entonces Presidenta, pese a las denuncias de sobrevivientes y familiares de víctimas por su responsabilidad en operativos represivos que incluían secuestros y desapariciones, como la del soldado riojano Agapito Ledo, en 1976. Todavía hoy las razones de su designación no quedan claras: llegó en medio de una crisis con los servicios de inteligencia, generó un retroceso impensado y dejó al gobierno del lado de un militar acusado por violaciones a los derechos humanos. Cortiñas presentó un habeas corpus, pidió que Milani –oficial de Inteligencia del Ejército durante la dictadura– brindara información sobre la desaparición de su hijo Gustavo y exigió que renunciara a su cargo. Así se ubicó en las antípodas de Hebe de Bonafini que –a tono con el discurso oficial– llegó a posar sonriente con el general en su revista “Ni un paso atrás” y a filmar una charla con él en la que se anunciaba el inicio de una nueva etapa entre civiles y militares.

Derechos humanos de hoy

Antes que asistir a los actos oficiales para celebrar las conquistas del ciclo kirchnerista, Cortiñas prefirió acudir a los sitios en los que reclamaban su presencia. Eso le costó el veto de los medios de comunicación afines al gobierno y una infinidad de discusiones y críticas de viejos compañeros de ruta. “Ahora no va a ser fácil caminar con gente que me dejó de saludar. ¿Cómo camino yo con ésta gente que fue amiga, que la quise, que compartimos momentos muy lindos…? ¿Cómo puedo ahora compartir y decir bueno vamos del brazo y caminar?”, se pregunta. Y no responde. 

Esa misma postura que la alejó de un ámbito, la acercó a otros mundos y a otros compañeros. “A Norita la conocí en 2009, a través de los médicos de Pueblos Fumigados que la trajeron a Córdoba. Yo sabía que había dos líneas de Madres, que una estaba con el gobierno y otra estaba con el pueblo. Nos ayudó muchísimo”. La que habla es Sofía Gatica, una mujer cordobesa que en 2001 dio a luz a un bebé que murió a los tres días de vida a causa de una malformación: nació sin riñones. Gatica empezó a buscar las causas que explicaran un panorama desolador; tenía otro hijo con dificultades para caminar y una hija a la que le detectaron plaguicidas en la sangre. En el barrio Ituzaingó, cercano a la capital provincial, los afectados se multiplicaban: 220 de sus 5000 pobladores estaban enfermos de cáncer. Darío Aranda, uno de los periodistas argentinos que más trabajó sobre el tema, escribió en Página 12: “al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario”. 

Como las Madres en plena dictadura, Gatica fue una de las “locas” que logró que la Justicia cordobesa restringiera la fumigación aérea en las adyacencias de las zonas pobladas. En 2010, se sumó un fallo sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia: prohibió los agrotóxicos y obligó a los productores sojeros a demostrar que los químicos que usaban eran seguros.

En 2012, Gatica se convirtió en la primera argentina que recibió el Premio Ambiental Goldman, uno de los reconocimientos más importantes para los luchadores por el medio ambiente. “Siempre que hacemos un acto, Nora está presente. Si vos te vas al medio de la montaña y le pedís que venga para que el poder vea que estamos acompañados, se va a la montaña. Es una persona que no tiene límites. Es la madre que uno busca, la madre de la Argentina, como si fuera una gran pata con las alas abiertas que nos mete a todos abajo”. 

El conflicto pega en la base del modelo agropecuario de un país que, según la estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, tiene previsto para la cosecha 2015/2016 sembrar con soja más de 20 millones de sus 31 millones de hectáreas cultivables y que utiliza cada año 180 millones de litros del herbicida glifosato, de acuerdo a los últimos datos de la Cámara de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes. En 2015, un estudio de la Organización Mundial de la Salud confirmó que el glifosato es “probablemente cancerígeno” para los humanos.

El rechazo a los agrotóxicos es una de las causas que Cortiñas abraza de manera permanente. A principios de enero de 2016, viajó a Córdoba para acompañar el acampe contra la instalación de una planta de la multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, a 14 kilómetros de la capital provincial. Dos semanas después fue parte de una movilización en Buenos Aires en contra del Acuerdo Transpacífico, un tratado de libre comercio firmado por países de Asia y América Latina como México, Chile y Perú. A metros del Obelisco, en otro día de calor agobiante, Cortiñas tomó la palabra. “No queremos que vengan a intoxicarnos y a envenenarnos con sus semillas transgénicas y su glifosato, no queremos que nazcan niños con malformaciones ni que nos maten”, dijo y los jóvenes -que se arremolinaban para sacarle fotos y filmarla mientras hablaba- comenzaron a corear su nombre como si estuvieran frente a una estrella de rock. Entonces, pronunció su arenga más sentida: “Yo les quiero decir que acá están los 30 mil detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Lucharemos hasta vencer”. 

Algo bastante similar había dicho, unos meses antes, cuando viajó a San Juan para respaldar a los afectados por un derrame de cianuro que provocó la minera canadiense Barrick Gold en su proyecto de Veladero, a 4500 metros de altura sobre los glaciares de la cordillera de los Andes y a 360 kilómetros de distancia de la capital provincial. En setiembre de 2015, un millón de litros de agua cianurada se derramaron sobre la cuenca del río Jáchal y los 30 mil habitantes del pueblo que lleva su nombre comenzaron a ver una amenaza en el agua que salía de las canillas de sus casas. La Barrick primero buscó minimizar la magnitud del daño pero después tuvo que admitirla ante la Justicia y reemplazar a toda la cúpula directiva en Argentina. 

“Ella es capaz de enfrentarse a las corporaciones más grandes del universo. Vino a acompañarnos y fue maravilloso porque nuestro río estaba enfermo. Estamos aguas debajo de Veladero y ya tenemos los primeros casos de niños con arsénico y mercurio en sangre. La nombramos Madre de las asambleas que resisten”, cuenta Domingo Jofre, periodista e integrante de la Asamblea “Jáchal no se toca”.

Con el boom de los commodities, en el sur del mundo florecieron también las luchas ambientalistas que libran una batalla estratégica contra los ejes centrales del neodesarrollismo. Como el glifosato en el caso de la agroindustria, el cianuro es parte de la industria minera. Las empresas y los gobiernos provinciales y nacionales sostienen que no hay riesgo porque se utiliza en cantidades racionales. Sus detractores, en cambio, están convencidos de que acelera una combinación mortífera de saqueo y contaminación. En el diccionario de los asambleístas, Monsanto, Barrick, Chevron son los nombres propios de la barbarie: con ellos -minorías resistentes que se manifiestan a lo largo de todo el territorio argentino- eligió estar Cortiñas.

Puede decirlo Relmu Ñamku, una dirigente de la comunidad mapuche Winkul Newen, de 38 años, que en 2015 afrontó un juicio acusada de “tentativa de homicidio” por haber resistido el ingreso de la petrolera Apache en su territorio, el paraje Portezuelo chico, en la zona centro de la provincia de Neuquén. Una orden de desalojo terminó cuando una mujer indígena se roció con combustible y amenazó con prenderse fuego. Ñamku fue acusada de herir con una piedra a una auxiliar de justicia que encabezaba el operativo pero nadie pudo reconocerla como autora del ataque y un tribunal intercultural la consideró inocente. Cortiñas estuvo en el juicio al lado de los mapuches. “Norita tiene una trayectoria intachable, fue de las que no negociaron nunca. Éramos tres autoridades de la comunidad acusados pero a mí me cargaban con la pena más fuerte, aunque las pruebas eran las mismas. Por eso, ella le dio un perfil de género a la denuncia”.

Relmu Ñamku dice que después de la absolución se dio un diálogo histórico. “Dentro de nuestra cultura, tenemos nuestros sabios, y acá una Pijañ Kuse, anciana sabia mapuche, recibió a la anciana sabia argentina. Fue un intercambio de conocimientos, de luchas. Fue un símbolo de que también la sociedad argentina, a pesar de las muchas críticas que tenemos, tiene sus líderes y sus referentes que de alguna manera limpian la historia negra del Estado argentino, que la sufrieron ellos con los desaparecidos y nosotros como pueblos indígenas”.

La vuelta al mundo

Le pido a Nora que vaya hacia atrás y me cuente si recuerda cuándo viajó por primera vez al exterior para denunciar los crímenes de la dictadura. “Recuerdo perfectamente”, dice. El álbum de fotos imaginario de su recorrido político se remonta a 1978, cuando cruzó la cordillera de los Andes para participar en Chile del 30 aniversario de Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Estaba la dictadura de Pinochet, y había toque de queda. Se hizo un gran foro presidido por el cardenal Raúl Silva Henríquez y había venido gente de la CIDH. Fui con Marta Vázquez –la actual presidenta de las Madres LF–, fue muy emotivo. Era la primera vez que salía del país”, dice sentada ahora en un bar, un día antes del Año Nuevo, sobre Avenida de Mayo, mientras afuera los oficinistas clausuran un ciclo y se olvidan del trabajo.

El segundo viaje fue una gira por países de Europa junto a otras dos madres, María Adela Antokoletz –que murió en 2002– y María Del Rosario Cerruti. Su memoria se posa en aquel intento frustrado por conseguir una audiencia privada con Juan Pablo II. Cuenta que el Papa Wojtila no las quiso recibir a solas porque el nuncio vaticano Pío Laghi le advirtió que esas mujeres que venían desde el fin del mundo eran “comunistas”. 

Las Madres ya estaban acostumbradas a la indiferencia de la Iglesia Católica, que en Argentina avalaba el genocidio y ofrecía un respaldo político e ideológico fundamental para la dictadura. Laghi era el influyente delegado papal en Buenos Aires y su cercanía con la junta militar era tanta que le permitía jugar al tenis con el almirante Emilio Massera, el comandante de la Marina que combinaba su crueldad mayúscula con un ambicioso proyecto político que incluía un intento por reclutar a sectores del peronismo.

El Papa polaco aceptó reunirse con las tres madres en una audiencia pública, más breve de lo esperado. “María Del Rosario llevaba una foto de una sobrina desaparecida y yo, una carta que decía que todos los obispos argentinos que iban a ser recibidos en octubre en un coloquio en el Vaticano eran cómplices de la dictadura cívico militar”. 

A poco de iniciar la charla, Juan Pablo II dio una señal inequívoca de su posición ante el reclamo argentino:

—Desaparecidos hay en todos los países del mundo —afirmó. 

Entonces, Nora intentó mostrarle la gravedad de lo que pasaba en un país de amplia mayoría católica. 

—Se tortura en nombre de Dios —le dijo. 

—También en todos los países se tortura en nombre de Dios —respondió Su Santidad.

Ese día, Cortiñas sepultó para siempre su fe en la Iglesia. Sus dos hijos habían ido a un colegio religioso tradicional de Castelar, Inmaculada y eran creyentes. “Cuando lo secuestraron, Gustavo llevaba en el blazer una crucecita que le había regalado una vecina del barrio”. En busca de información sobre su hijo, Nora recorrió varias iglesias, habló con todos los Obispos con los que pudo y volvió a reunirse dos veces más con Juan Pablo II, pero las respuestas que recibió fueron siempre en sintonía con aquellas primeras palabras, imborrables, de Wojtila. “Soy creyente, creo en Dios, en algo más allá. Pero dejé de creer en la Iglesia totalmente. Es un comercio puro. Todavía tienen ocultos sus archivos de la represión”.

La primera foto que se conoce de Nora Cortiñas dio la vuelta al mundo. Fue tomada el 5 de octubre de 1982 en la denominada “Marcha por la vida” que tenía dos objetivos: ganar la calle contra la dictadura y entregar un petitorio final en Casa Rosada. Los testigos de aquella concentración -apenas registrada por los diarios de la época- coinciden en que había muchísima gente. La marcha avanzó, hubo corridas y en la confusión se generó una escena increíble: el comisario Carlos Gallone quedó frente a frente con Susana de Leguía, una de las Madres de Plaza de Mayo. La mujer le pegó en el pecho y, en busca de disimular la tensión, Gallone la abrazó durante un instante que fue registrado por un fotógrafo de la agencia DYN. En el cuadro de esa foto que haría historia, Leguía aparece de espaldas como si hubiera encontrado consuelo en un  policía que pone cara de abnegado pero la tiene atrapada. A un metro, dentro del mismo cuadro, es Nora la que le grita a Gallone. “Esa madre no podía venir a las marchas casi nunca porque trabajaba. No estaba acostumbrada. Él la abraza con una cara de asco terrible y yo lo estoy insultando. El tipo ahora está preso, es un genocida”. 

Por esa imagen, que Google todavía conserva, el fotógrafo Marcelo Ranea ganó el Premio Príncipe de Asturias en 1983. En 2009, Gallone –alias “El duque”– fue condenado a cadena perpetua por la masacre de Fátima, la ejecución de 30 militantes que, con los ojos vendados, fueron apilados y dinamitados en 1976, en una localidad ubicada a 60 kilómetros de la Capital Federal. Gallone era un hombre de confianza de Harguindeguy, el responsable de los 340 campos de concentración que los militares desplegaron en todo el país. 

“Durante muchos años, la gente que pasaba por la Plaza no nos vio mientras dábamos las vueltas. Pasaban y seguían de largo. Ahora viene gente para vernos nada más”, dice Nora y es fácil comprobarlo, cada jueves, cuando los turistas de Oriente y Occidente se abalanzan con sus cámaras digitales para registrar esa marcha circular que se repite hace 39 años como una postal inconfundible de la Argentina.

No importa el idioma, no importa la lucha

Cuando regresó la democracia, las Madres se convirtieron en una referencia global. Cortiñas siguió viajando para dar su testimonio primero y para acercar su solidaridad a otras causas después. En los foros sociales de los que participó, vio nacer a líderes como Lula Da Silva o Rafael Correa que dos décadas más tarde gobernarían Brasil y Ecuador. Conoció Guatemala, Cuba, Estados Unidos, Bolivia, Chiapas, Kenya, Sudáfrica, la India, el Kurdistán y Bosnia Herzegovina. Pero el viaje que más la conmovió fue el del Sahara Occidental, donde un muro militarizado de 2720 kilómetros separa a los saharauis de Marruecos. “Estuve frente a la barrera publica electrificada que se cobra vidas constantemente y quedé impresionada. Los asentamientos están del otro lado y hay familias que llevan décadas sin poder reunirse”, dice Cortiñas. Aunque existe un alto el fuego desde 1991, hay 7 millones de minas que todavía pueden estallar.

El mensaje de Nora sorteó la barrera del lenguaje y llegó a los sitios más diversos. “He estado con ella en muchos lugares. Transmite lo que es, su calidez, su energía. No importa el idioma, no importa la lucha, está ahí siempre”, afirma Beverly Keene, una economista norteamericana que conoció a Cortiñas en 1978 en Nueva York. Keene integra la organización Jubileo Sur e impulsa la condonación de la deuda externa para los países de América Latina; su amistad con Norita la convirtió en su traductora más fiel. “Mientras yo hablo, ella llora y traduce”, acota Nora con una sonrisa. Piensa que si la persecución y la injusticia siguen existiendo en tantos países, su presencia tendrá sentido siempre.

 ¿Qué es lo que mueve a esa mujer de 86 años a ir más allá cada día? Una energía tan poderosa como la fuerza de gravedad. Pero que, en su caso, es la fuerza de la historia que le tocó vivir. “Las Madres no delegamos la lucha, seguimos provocando hechos. No nos podemos quedar en nuestra casa pensando ‘yo ya no puedo más’. Si puedo, hoy puedo otro poquito”, se dice a sí misma. Las cuatro décadas que transcurrieron desde que empezó a girar en torno a la pirámide de Mayo la llevaron a una convicción de la que no duda: los políticos pasan de largo y el mundo sigue andando. La fuerza de la historia la mantiene vital y le dicta, todas las mañanas, la misma consigna: “Acá no se puede parar, acá hay que seguir”.

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