Juan Gabriel Tokatlian, vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella y experto en Relaciones Internacionales sobre geopolítica, conversó con Diego Genoud sobre la crisis en Estados Unidos, la disputa por la presidencia del BID y el lugar de América Latina en el proceso de redistribución de poder entre Trump y China.
También estuvo en Fuera de Tiempo la diputada nacional y vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos Cecilia Moreau. Charló sobre la agenda del oficialismo en el Congreso, la reforma judicial, el impuesto a las grandes fortunas y la alianza de Máximo Kirchner con Sergio Massa.
“Fernández ante su bautismo de fuego”. Editorial del 29/08/2020 en FM Milenium.
La pandemia sigue pegando. Seguimos contando los muertos con un pico que todavía no llega. Vivimos el número récord de contagios y vemos cómo crece la Argentina en ese ranking mundial que habla de la expansión del Covid-19. Todo eso dificulta, estira y prolonga la salida que ensaya Alberto Fernández después de haber cerrado el capítulo de la deuda y de haber resuelto mínimamente el frente financiero.
En el medio de todo esto aparece Alberto Fernández por primera vez tomando una decisión que afecta intereses concretos. Ahora sí podemos decir que Fernández se buscó contrincantes de peso como las telefónicas, los cableoperadores y los proveedores de internet. Desde Héctor Magnetto y el doble agente mexicano David Martínez —dueño del fondo Fintech, socio de Clarín en Telecom y de buena llegada con Sergio Massa—, Carlos Slim, el dueño de una de las fortunas más grandes de la tierra y, en Argentina, de la empresa Claro, hasta los españoles de Telefónica, pasando por Alberto Pierri —dueño de Telecentro—, DirecTV y los chinos de Huawei. Todo eso juntó Alberto Fernández con este decreto que congela tarifas hasta fin de año y declaró servicios públicos esenciales a internet, al cable y a la telefonía móvil.
Con esa decisión, por un lado, Fernández abre paso a las críticas de las telefónicas de que el presidente atenta contra las inversiones. Por otro, se mete con un tema que afecta el bolsillo de la mayor parte de la sociedad. La defensa corporativa de estas grandes empresas es realmente alta pero tiene las patas cortas porque dura hasta que llega la factura de Cablevisión, hasta que se corta el servicio de Telecentro, hasta que no funciona Movistar. Cualquier usuario, en una sociedad hiperconectada como ésta sabe las falencias que tienen estas prestadoras de servicios.
De hecho, si uno mira el ranking de las empresas más denunciadas por los usuarios en defensa del consumidor —uno publicado por Santiago Marino en LetraP—, se ve que entre las once primeras están Telecentro, Cablevisión, Fibertel, Telecom, Telefónica y DirecTV. Son empresas que solamente rinden cuentas ante sus accionistas y se equivocan porque justamente viven de ese público cautivo en un mercado cartelizado e hiperconcentrado.
En el último año, en 2019, con una inflación récord de 55,8% estas empresas aumentaron 65%. Además, aumentaron otra vez en marzo e iban a aumentar otra vez ahora, hasta que llegó este decreto. Por eso, una encuesta de Analía del Franco que salió publicada esta semana dice que el 72% de los consultados apoya el decreto de Fernández que declara servicio público esencial a este rubro y el 78% apoya el congelamiento.
Se trata otra vez de un decreto de Fernández del que pocos estaban al tanto incluso dentro del Gobierno. Ahora se abre una negociación porque hay que regularlo. Algunos funcionarios del gobierno dicen que se viene una “reglamentación light” que no va a ser nada parecida a una estatización, sino que van a seguir aumentando estos servicios pero esas subas, de alguna manera, se van a dosificar.
Lo cierto es que este conflicto que abrió Fernández recién empieza. El presidente durante tres o cuatro meses esperó que el Enacom, a cargo de Claudio Ambrosini —un funcionario de Massa— resuelva este conflicto y evite los aumentos. Pero no se pudo resolver y vino finalmente este decreto ahora tan cuestionado por algunos sectores. Algunos dicen que esta no era la mejor manera de tomar esta decisión, que hubiese sido mejor una ley que pase por el Congreso, pero la realidad es que si bien el Gobierno hace pasar los proyectos como un trámite en el Senado, en Diputados sufre horrores.
De esta manera, el Presidente abre un nuevo conflicto de resolución incierta en el que está enfrente Clarín y toda esa poderosa industria de las telecomunicaciones. Un conflicto que puede terminar mal como el de Vicentin. O tal vez, con este decreto, Fernández gane una en la confrontación interna que tiene con estos factores de poder importantes. Si gana, quizás el Presidente acceda a un respeto que le vienen negando desde que asumió por haber sido elegido por Cristina, por no haber tenido votos, por no tener todo el poder dentro del Frente de Todos.
Si logra avanzar con este decreto y no tiene que dar marcha atrás como le pasó con Vicentin, si logra regular mínimamente un sector que estaba descontrolado, tal vez el Presidente tenga su bautismo de fuego en esa pulseada interna con los factores del poder local pueda iniciar después otra negociación. No la de la reglamentación de este decreto, sino una negociación en serio con los actores de poder que insisten en negarle un mínimo de entidad.
