Milei prescinde de la política y dinamita el marco legal a pedir del mercado. Cien días marcados por la inflación desatada, el frente de las reservas y la paciencia de la clase media.
Después de muchos años de ejercer el poder, Napoleón Bonaparte asimilaba las cualidades de un jefe guerrero con un cuadrado cuya base y altura debían ser siempre iguales. Tomaba como base el carácter, el valor y la decisión, y como altura, las capacidades intelectuales: si la inteligencia se impone sobre el carácter, decía, al jefe guerrero le faltará valor para realizar su plan; si el carácter es más fuerte que la inteligencia, en cambio, el líder caerá víctima de su propio engaño e irá más allá de donde debe ir. El sueño refundacional de Javier Milei está inserto en coordenadas que delimitan la lucha por el poder desde hace mucho. La revolución liberal que el presidente pretende iniciar por decreto muestra una ambición desenfrenada por arrasar en tiempo récord con lo que queda de lo que alguna vez fue la Argentina.
Milei advierte en la crisis del sistema de partidos y la pesada herencia económica la oportunidad gigantesca de imponer una transformación estructural que cumpla todas las fantasías de las grandes empresas y ponga de rodillas a las organizaciones colectivas que no responden al poder económico. El plan no debería ser subestimado porque detrás suyo está el poder real, con los grandes estudios de abogados que trabajan desde hace más de dos décadas en un esquema que maximice sus beneficios y conocen a la perfección todos los nudos que el derecho corporativo ahora intenta desatar. El líder paleolibertario tampoco debería confundirse. No será ni el primero ni el último que caiga en la tentación de creerse Napoleón. La diferencia entre tener audacia y ser un aventurero, dicen los veteranos de mil batallas, es delgada y se mide por los resultados.
En los 366 artículos del DNU 70/2023 con los que Milei y su gobierno apuestan a “reestructurar la economía argentina” se confunden -casual o intencionalmente- cuestiones nodales para las relaciones público-privadas con datos accesorios, pequeñas obsesiones y derogaciones de leyes sin efecto práctico.
Detrás de la actuación de oficio del agente paraestatal Federico Sturzzenegger, están otros actores de enorme poder que, a los dos lados del mostrador, revisaron los artículos más importantes del megadecreto. El abogado administrativista Rodolfo Barra, que en los noventa pasó de controlar a asesorar a Eduardo Eurnekian, no es el único especialista en la materia. En línea con su equipo de colaboradores, trabaja el estudio Bruchou & Funes de Rioja, el gigante que en 2022 surgió de la fusión de dos de los estudios más poderosos de la Argentina y cuenta con 55 socios y más de 150 abogados. Enrique Brouchou -hermano del ex presidente de Citibank en la Argentina Juan Brouchou- y Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y de la cámara que nuclea a las grandes alimenticias son los patriarcas del buffet que se exhibe en el podio de los estudios corporativos. En su cartera de clientes, están los dueños de la Argentina y las multinacionales que operan en el país.
La Federación de Aceiteros, contraparte paritaria de las grandes cerealeras nucleadas en CIARA-CEC, lo dice en un comunicado. “Es una refundación de la relación capital-trabajo hecha por los estudios jurídicos patronales a medida de la coalición que hoy detenta el poder, una alianza entre los grupos económicos locales, financieros, funcionarios del ex gobierno de Macri y el presidente Milei”.
Sea cual sea el resultado de la ofensiva que anula a un Congreso demasiadas veces intrascendente para la vida de las mayorías, el DNU que pasó por el scanner de las grandes patronales no puede ser reducido a la improvisación.
Si la dupla Mario Quintana y Gustavo Lopetegui había descansado en los oficios discutibles de German Garavano para poner en práctica la fantasía del reformismo permanente que patentó Mauricio Macri, en este caso la participación del sector privado en el diseño del plan Milei no se limita a la vocación de funcionarios recién llegados al Estado desde el mundo de las empresas. “Hay gente que pensó mucho esto y la confusión es parte del plan”, dice un hombre del peronismo que interactúa con los grandes estudios.
De acuerdo a este tipo de descripciones, detrás de la arquitectura legal en la que coinciden Barra, Brouchou y Funes de Rioja hay un seleccionado de expertos de universidades privadas como la Austral que se cuidaron de garantizar al líder de la ultraderecha argentina una ventana de tiempo decisiva para imponer su programa. Este año, advierten, Punta del Este va a sufrir una merma porque los abogados se van a quedar en Buenos Aires para blindar las reformas de Milei a favor de los grandes capitales. Es ahora, piensan.
Cuando el desprestigiado Congreso reaccione y logre consensos mínimos, es probable que ya sea tarde. Todo lo actuado en el medio -¿los primeros 100 días? puede ser irreversible. Las calles, los lugares de trabajo y los tribunales, con un rol decisivo de la Corte Suprema, tendrán más incidencia que lo que suceda en el edificio al que el nuevo presidente le dio la espalda desde el primer minuto.
La casta no va a pagar el ajuste, tal como prometía el candidato de la Libertad Avanza, pero tiene asignado un rol, el de quedar escenificada en su impotencia. La dirigencia política tradicional, que durmió demasiados años en el confort de la polarización, ahora se ve madrugada por un recién llegado. Con los músculos entumecidos, el peronismo institucional y el antiperonismo se disponen a discutirle las comas y las formas al mesianismo de mercado.
La intervención del juez federal en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, el primero en admitir un amparo contra el rayo privatizador, estará bajo la lupa. Con su resolución, la primera que se inscribe en el registro de acciones colectivas, Furnari se aseguró algo no menor, concentrar todas las acciones similares que se inicien en el futuro, El magistrado tiene una oportunidad, pero también un punto débil: las aspiraciones de su hermano Roberto Furnari, que está concursando para ser juez.
A través del reincidente Luis Caputo, Milei demostró que piensa utilizar la urgencia a su favor y también que tiene bastante más claro lo que pretende hacer que Alberto Fernández y la dolorosa unidad que lo promovió. El paleolibertario lanzó un ajuste de shock -con suba de impuestos incluida- y una megadevaluación que liquida los ingresos de las mayorías y lleva la inflación descontrolada, el drama que afecta minuto a minuto a la mayor parte de población, varios escalones más arriba.
El paquete del ex JP Morgan y Deutsche Bank llegó con compensaciones ínfimas y no tiene más ancla que la recesión, producto del derrumbe del consumo, la destrucción de puestos de trabajo y la paz de los cementerios. La agresión a la base de la sociedad -incluidos por supuesto millones de sus votantes- que representan la suba de los alimentos, combustibles, servicios y prepagas genera nuevos ganadores y vuelve a impactar en amplias capas de la clase media y los asalariados. Parte de una brutal transferencia de ingresos desde los sectores más desfavorecidos, el shock se siente en supermercados y almacenes entre Navidad y Año Nuevo.
Pero Milei va más allá del ajuste en la emergencia y quiere aprovechar los nudos estructurales de la economía argentina que los últimos gobiernos ignoraron o subestimaron para instaurar un régimen ultraflexible que beneficie a las fuerzas que lo sostienen. Como Thatcher y Menem, Milei es un fenómeno excepcional: tiene el voto de las víctimas y el chip de los victimarios.
Inspirado en la lógica que rige hace años a la UOCRA Gerardo Martinez y no protege ante despidos arbitrarios, el intento es el de fijar la nueva normativa como grado cero de las nuevas relaciones laborales que abrirán las puertas del mercado a millones de trabajadores precarios. Por decreto, se convierte en legal lo que hasta hoy era una ilegalidad generalizada.
Un trabajo elaborado por el centro Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín dice que el objetivo del DNU, que reforma de forma profunda 10 leyes laborales, es extender la informalidad laboral, legalizar el fraude laboral y precarizar el trabajo asalariado registrado. La llamada modernización, apunta, no tiene nada de moderno ni de novedoso. Todas y cada una de las modificaciones están inspiradas en reformas similares a las implementadas o propuestas en 1976, 1991, 1995, 2000 y 2017. El CETyD no niega que el mundo de trabajo que tiene millones de trabajadores en la precariedad necesita profundas transformaciones, pero recuerda que la historia de la flexibilización en Argentina nunca impulsó ni el crecimiento del empleo ni el trabajo genuino o de calidad.
Los sindicatos que marchan al Palacio de Tribunales tienen motivos de sobra. El DNU viola el Artículo 14 bis de la Constitución, limita y criminaliza el derecho a huelga, viola la libertad sindical -una apuesta osada para aplastar la conflictividad que viene-, afecta la ultractividad en la negociación colectiva, devalúa la indemnización por despido y amplía el período de prueba, de 3 meses a 8 meses. Por acción o por omisión, el peronista Horacio Rosatti, defensor del capitalismo “con justicia social” -especificado en el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución- tendrá un rol clave en la Argentina de Milei. Si es fiel a sus convicciones, deberá olvidar el pedido de juicio político en su contra que reclamaron sindicalistas importantes como Pablo Moyano y Sergio Palazzo.
Para que un per saltum llegue a los supremos, hace falta un fallo de primera instancia que permita obviar la Sala III de la cámara contenciosa donde conviven Sergio Fernández, Carlos Grecco -un juez que a fines de marzo 75 años y necesita el aval de poder entrante para seguir- y Jose Luis Lopez Castiñeira, ligado a la Asociación de Magistrados.
La desregulación, el término de los años noventa que Milei actualiza de manera fulminante, no elimina al Estado como actor. Al contrario, el gobierno asume un rol muy activo y ordena una nueva regulación para servir en bandeja el menú que demandan los actores privados. Puede verse también en el llamado a sesiones extraordinarias, donde se destacan los convenios de doble imposición fiscal que cuestionó Guillermo Michel y parecen hechos a medida de empresas que tienen nombre y apellido. El punto 5 del temario que el gobierno envió al Congreso beneficia a Toyota, el punto 6 al Grupo Techint, el punto 7 al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y así. Por eso, Miguel Angel Pichetto acaba de objetar lo que aparece como un “capitalismo de amigos” sin fronteras. Otra vez, la novedad no está en el contenido sino en la forma. A la velocidad de la luz, las fuerzas del cielo quieren aprobar todos los convenios que redactó el gobierno de Macri y el Congreso nunca trató. Hay millones en juego.
La voracidad corporativa sorprende incluso a la dirigencia política que apenas se distingue por matices del programa de fondo que busca ejecutar Milei. El argumento para dividir el megadecreto en leyes es, como siempre, la seguridad jurídica, la piedra basal del país que pretende el poder económico y el presidente descuida cuando impone por decreto transformaciones que pueden venirse abajo cuando expire su propio cuarto de hora. Pichetto está entre los que honran con cariño el apellido de Martin Menem, pero lo ven verde para conducir la Cámara de Diputados. Tal vez Milei piense lo mismo y por eso no delega en él.
Desde La Libertad Avanza, admiten que el proyecto de Sturzenegger incluía una desregulación muy amplia para reemplazar sellos por la firma digital. El veto a la iniciativa es atribuido a la familia Caputo. El consultor Santiago Caputo, miembro fundamental de la mesa chica de Milei, es hijo de Claudio Caputo, el ex presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad. Después de la muerte de su padre, afirman en el PRO, la escribanía familiar quedó a cargo de uno de sus hermanos.
Algo similar parece haber operado para que el régimen especial de Tierra del Fuego haya quedado al margen de la derogación de la ley de promoción industrial 21608 y Nicolas “Nicky” Caputo haya retenido una vez más el botín de beneficios suculentos que recibe del Estado nacional. Según un informe de Fundar, el subrégimen industrial que cumplió 50 años en 2022 y no aporta divisas genera un costo fiscal anual de 1070 millones de dólares, equivalente al 0,22% del PBI nacional y dos grandes grupos económicos que dominan el rubro -el otro es Newsam, de Rubén Chernajovsky- concentran recursos equivalentes el 39,3% del gasto público anual en AUH y AUE. Una rentabilidad extraordinaria a costa de las arcas públicas, de acuerdo a la definición de Martín Reydó.
Milei tiene a favor la atomización de la heterogénea clase política. Entre los halcones del PRO, afirman que Macri y Patricia Bullrich ya no se hablan. En las segundas líneas, muchos rechazan la tercera posición de la isla de Juntos en Diputados y se confiesan desesperados por ocupar un cargo en la nueva etapa. El peronismo, que sigue entre el aturdimiento y el pase de facturas, depende en parte de la capacidad de maniobra de los ocho gobernadores que le quedan al PJ en una era adversa y de los acuerdos que tratan de tejer figuras tan disímiles como Martin Llaryora y Axel Kicillof.
Buena parte del peronismo que está de regreso en la oposición se debate entre esperar el fracaso de Milei y salir a marcarle la cancha a un outsider que acaba de doblegarlo, pero en su interior no hay una autocrítica compartida y mucho menos consenso sobre la idea de país que debería aplicarse ante la eventualidad de un regreso al poder. Ya sucedió en 2019. La diferencia es que ahora Milei le arrebató parte de su histórica base electoral, que hace tiempo no se siente representada.
Indiferente a la renovada ola de críticas que la señalan a ella y a su sector como responsables primarios del fracaso del ex FDT, Cristina Fernández se muestra activa de cara a lo que viene y se considera más vigente que algunos dirigentes de la generación Massa. Pese a las risas que los unieron ante la Asamblea Legislativa, la ex vicepresidenta no tiene nada que la vincule a Milei. El pedido informal que hizo llegar CFK a Guillermo Francos para que el nuevo presidente no nombre a Bullrich en Seguridad fue ignorado.
El consultor estadounidense Dick Morris, que asesoró a Bill Clinton y hoy trabaja para Donald Trump, afirmó hace algunos días en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún que Milei tiene un año de gobierno. Morris, que trabajó con Trump, sostiene que el republicano que está lanzado para volver a la Casa Blanca tenía un partido, una idea del mundo y una idea de Estados Unidos. “Milei es un hombre solo”, afirmó. Puede ilusionar al peronismo o hacer reir a sus detractores, que recuerdan que Morris también fue asesor de Fernando de la Rúa.
Mientras el shock de Milei perfila ya una lista de ganadores -el agronegocio, las petroleras, las concesionarios de luz y gas, las alimenticias-, la clase media que no puede pagar los aumentos se ve obligada a regresar en el peor momento a un sector público desfinanciado.
Con la paciencia social queda a prueba como nunca, el gobierno tiene dos desafíos que arrojan por el momento resultados antagónicos: la inflación escala hacia el récord del 30 por ciento y las reservas que se recuperan, con 2400 millones de dólares que compró el Banco Central en las últimas dos semanas. El objetivo es cruzar el desierto de los 100 días y llegar con vida a tiempo de la liquidación de la cosecha, dentro de un esquema que favorece a los exportadores en detrimento del consumo interno. Si la brecha cambiaria se redujo con la megadevaluación del 118% al 20%, la inflación conspira contra la estabilidad y nada puede descartarse en el futuro: ni la devaluación, ni la dolarización ni el estallido de todas las variables que Milei viene a reorganizar.
