Pobreza mata lawfare

Nota publicada en elDiarioAR el 21/3/2021. Foto: REUTERS

Por unos días, una nena de siete años que vive y duerme en la calle astilló el vidrio laminado de la indiferencia. Puso en escena a un submundo de excluidos que están al margen de las preocupaciones del poder y despertó la indignación general. No pudo, por supuesto, lograr acuerdo en torno a las razones de la pobreza extrema ni alterar las prioridades de los que juegan a polarizar, a años luz de distancia de una realidad casi siempre ignorada. Tampoco que los funcionarios del Frente de Todos en el área de seguridad hagan un alto en la pelea que los divide.

Según el último dato disponible del INDEC, en Argentina hay cinco millones de chicos y chicas en una situación similar a la de M. Sobre 9 millones y medio de menores de 14 años, 5 millones (el 56,3% del total) viven en hogares pobres, aunque es probable que muchos estén tirados en una carpa como la nena que el jueves apareció con vida. Algunos como ella, estuvieron por ejemplo en la toma de tierras de familias sin techo que salieron a pelear por su sobrevida en Guernica y, en octubre pasado, el propio Sergio Berni desalojó en un operativo represivo que suturó la grieta y logró el consenso casi unánime de la política y los medios. Otros duermen en las calles del distrito más rico del país, gobernado por el macrismo desde hace casi 15 años, con los resultados a la vista. Es la actitud que adoptan los que pasan sus días a la intemperie lo que guía las opiniones: si buscan mejorar su situación general por la vía colectiva, pasan de ser víctimas a ser sospechosos. 

El caso M ganó las pantallas y reactivó también por lo bajo un debate no saldado en las filas del oficialismo, el que sugiere que es más importante -para el gobierno y para sus votantes- reducir la pobreza que combatir el lawfare. Partidarias del primer criterio, las organizaciones sociales que apoyan a los Fernández vienen perdiendo por goleada en el reparto de horas públicas que se le asignan a cada tema desde la coalición peronista. La oposición que avanza hacia las elecciones rezando el catecismo de mercado se horroriza ante el continente de pobres pero por lo general no hace autocrítica del primer tiempo -que llevó la pobreza de 25,7% en 2017 a 35,5% en 2019-, no tiene una política para ellos y piensa el país desde arriba. El formidable operativo de reducción de daños que el Estado argentino inició hace casi dos décadas y se incrementó de manera notable en los últimos años logró naturalizar ese volcán que está a la vuelta de la esquina. Lo que no estalla se vuelve parte del paisaje, en un juego temerario donde los que ponen el cuerpo son otros, los que se van asomando al abismo de la indigencia.

En qué punto se conectan la política con la pobreza, el hambre y la desigualdad y cuál es el plan para rescatar a los que se cayeron al pozo son preguntas que conducen a otra, hoy también por lo general subestimada: qué legitimidad conserva el sistema de partidos en un contexto de crisis permanente. 

Un año después del inicio de la pandemia, con un poder político reducido y muy lejos de su tiempo de “comandante”, el Presidente definió el nombre de su ministro de Justicia y dio a entender que habrá que prepararse para seguir en pandemia en un contexto de escasez de vacunas y sin programas de emergencia como el IFE y el ATP, un escenario nada sencillo, que suena a sálvese quien pueda. Si en el 2020 la prioridad era la salud, en el año electoral -casi 55 mil muertos después- parece ser la economía, a menos que la segunda ola llegue con una violencia inusitada y obligue a revisar las proyecciones de Martín Guzmán para una Argentina libre de peste.

El ministro de Economía se verá en pocas horas con su amiga Kristalina Georgieva y tendrá oportunidad de discutir un nuevo programa con ella. La situación de Guzmán es paradójica: aterrizó en Nueva York con cuestionamientos internos y un panorama ambiguo. Criticada por el establishment y las consultoras del mercado, la querella por el préstamo demencial que el Fondo le regaló a Mauricio Macri para el final de un primer tiempo al que llegó con la lengua afuera, incomoda al ministro pero puede ser parte de su fuerza. Más importante que eso, Guzmán se sienta a la mesa de los burócratas de Washington con viento de cola y gran parte de los deberes hechos. El salto de la soja de 380 a 520 dólares en pocos meses, los verdes que los afectados por el impuesto a la riqueza tuvieron que cambiar por pesos para pagar lo que no querían, la reducción de la brecha cambiaria, el rebote sostenido de la economía, el superávit fiscal de los primeros meses del año -que permite reducir la emisión- y el ajuste sobre salarios que vuelven a perder contra la inflación son parte de un cuadro que no puede más que caer bien en el entorno de Georgieva. Lo que el peronismo se lleva a marzo en la cátedra del FMI es el IPC, de 7,8% en dos meses y de 40,7% en el último año. 

Para Marina Dal Poggetto, el profesor de Columbia presenta con sus cartas credenciales de 2021 un programa fiscal, financiero y monetario ortodoxo y un programa de ingresos también ortodoxo. Ese vademécum es el que facilitaría un acuerdo con el organismo antes de las PASO, en lugar de postergarlo como sugieren ahora tanto desde el oficialismo como desde el mercado. Otra posibilidad menos costosa para el Frente de Todos en campaña es que lleguen los Derechos Especiales de Giro de Georgieva, aunque los especialistas recuerdan un dato: cuando Dominique Strauss Kahn estaba al frente del organismo, los DEG se aprobaron en una reunión del G20 en Londres, el 2 de abril de 2009, y entraron en el Banco Central que estaba a cargo de Martín Redrado recién el 18 de agosto de ese año. Ahora, Sergio Chodos espera que el plazo se reduzca a dos meses. 

El ajuste que va a pedir el Fondo, sugiere la directora de la consultora Eco Go, ya se está llevando adelante y la reducción de subsidios para aumentar tarifas sería apenas la frutilla del postre. Con una inflación que, todo indica, rondará el 12% en los primeros tres meses del año, los pasivos van a recibir un incremento del 8%. Lo dijo la vicepresidenta hace dos semanas, como parte de un alegato que combinó la denuncia con la impotencia: “No podemos aumentarle a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá”. La licuación previsional viene de la mano de la suba de los precios mayoristas (6,1% en febrero, 47,7% interanual) y de los incrementos ya previstos en combustibles, prepagas, telcos y Precios Máximos. Para llegar al 29% proyectado, Guzmán, el viceministro Fernando Morra y la secretaria de Comercio Paula Español deberían lograr que la inflación promedie el 1,6% mensual hasta fin de año. De lo contrario, los sueldos van camino a perder por cuarto año consecutivo.

“Es un gobierno que ajusta echándole la culpa a Macri, entiendo que la política necesita esconderlo”, dice Dal Poggetto y sostiene que no sólo los precios subieron más de lo que se imaginaba. También la economía rebotó más rápido de lo que se creía, a tono con lo que sucede en la mayor parte de los países de la región, aunque después de haber caído como ninguna otra en los últimos 10 años. Contra las plegarias que elevan los formadores de opinión del Círculo Rojo, la economista que está a cargo del antiguo estudio Bein advierte que hay sectores que vienen de una violenta reducción en su estructura de costos y están ganando muchísima plata. “Es un modelo que se basa en haber destruido el salario”, dice. Los datos están en su último informe. Después de haber subido casi 40% entre 2006 y 2011, a partir de 2012 los sueldos entraron en un subibaja que fue de la mano de las elecciones, en el marco de una economía que perdió los superávit gemelos, dejó de crecer y de crear empleo. Desde 2017, todo fue caída libre y el salario real acumula una pérdida de 23% en términos reales, 57% en dólares oficiales y 75% si se considera el dólar brecha.

Lo mismo muestran los estudios de las centrales sindicales y los economistas de la heterodoxia que cuestionan desde el oficialismo el rumbo de Guzmán. De acuerdo al detallado trabajo anual que la CTA Autónoma acaba de publicar sobre las relaciones laborales en el año de la pandemia, el empleo en el sector privado dejó de caer en junio pero desde entonces no exhibe signos de recuperación y sigue en los peores niveles desde 2010. En el sector público, no hubo una ola de despidos pero los salarios cayeron 6,9% en 2020 y se hundieron 30,4% en los últimos cinco años. “Mientras el sector privado siguió ajustando mayoritariamente por cantidad de puestos de trabajo, el sector público lo hizo por nivel de salarios. Sin embargo, el mayor impacto de la pandemia sobre el mercado de fuerza de trabajo sin dudas fue experimentado por los trabajadores y trabajadoras insertos en las formas más precarias de la estructura ocupacional”, dice. De ese mundo de trabajadores y trabajadoras pobres, emergen miles de historias como las de M. 

El establishment no repara en ese recorte de ingresos, pese a que entre el fin del mandato de Macri y el desembarco de Fernández la suba de precios le permitió a las grandes compañías recomponer sus márgenes de ganancia en tiempo récord. Después vino la pandemia y las pérdidas fueron generalizadas, pero no todos partían del mismo lugar.

Si no fuera por la falta de vacunas y la llegada de la segunda ola que amenaza con nublar por completo el panorama, el gobierno que cuenta los dólares de la soja estaría ingresando con los planetas alineados en el llamado trimestre de oro, los meses de abril, mayo y junio en los que nadie espera turbulencias. En el oficialismo confían en un buen resultado electoral si el dólar sigue tranquilo y si el Frente de Todos se mantiene unido, pese a las diferencias que lo constituyen. Lo demás depende de la paciencia social.

En la Casa Rosada, mientras tanto, buscan rescatar del subsuelo la autoridad del Presidente. Dicen que Fernández había elegido hace dos meses el nombre de Martín Soria para reemplazar a Marcela Losardo y que la demora se debió a que Alberto no quería responder a la presión del Grupo Clarín. Candidato moldeado por la tijera de CFK, el exintendente de General Roca tendrá que entenderse con Juan Martin Menna y Eduardo De Pedro, desmentir la tesis albertista de un cambios cosmético y aplicar las enseñanzas de sus años de trabajo en Comodoro Py para negociar un nuevo equilibrio de poder.

El cristinismo sabe que no cuenta con los votos para el juicio político a los miembros de la Corte ni para designar nuevos cortesanos; tampoco tiene facilidades para lograr que los exfuncionarios de Cristina sean liberados ni de indultar a nadie. Pretenden más control sobre la casta que activó el festival de la prisión preventiva bajo Macri, una mayoría en el Consejo de la Magistratura y la odisea de lograr que los jueces paguen Ganancias, el proyecto del entrerriano Marcelo Cassaretto que se propone recaudar algo más de lo que costará la baja del impuesto para los que perciban hasta 150 mil pesos por mes. El camino es cuesta arriba porque la familia judicial es dueña de un poder vitalicio y se sienta a esperar el fracaso de los inquilinos de la Rosada. Para la política, en cambio, darle prioridad al lawfare cuando son tantos los que duermen a la intemperie puede ser un juego riesgoso.

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