Noemí Brenta, doctora en Economía y autora de Historia de la deuda externa argentina. De la dictadura hasta nuestros días (Capital Intelectual), conversó con Diego Genoud acerca del problema de la deuda externa tomada por Mauricio Macri, sus similitudes con la deuda heredada por Alfonsín, y las políticas de préstamo gestadas en los Estados Unidos.
“Al carajo con el 2023”. Editorial de 23/04/2022 en FM Milenium.
Semana intensa, cargada de información, la que se acaba de ir. Con muchas novedades y con dos protagonistas: Alberto Fernández y Martín Guzmán, dos de los más cuestionados dentro y fuera del Frente de Todos.
La semana pasada, y desde hace tiempo, se hablaba de la renuncia de Martín Guzmán. Pero el Presidente decidió postergar los cambios de Gabinete, por ahora sin fecha. Ahora se habla recién del 1 de mayo, del 25 de mayo. Y tomar algunas medidas a manera de reacción.
Una alianza difícil de romper la de Martín Guzmán, un sobreviviente, y Alberto Fernández. Comenté la semana pasada en una nota que escribí citando datos del economista Amilcar Collante que decía que Guzmán ya lleva en el Ministerio más tiempo que muchos otros ministros de Economía. En una tabla imaginaria que uno puede armar desde el regreso de la democracia hasta hoy, Guzmán aparece detrás de Domingo Cavallo, Juan Vital Sourrouille, Roberto Lavagna y Roque Fernández, que son los cuatro ministros que más tiempo estuvieron en el cargo. Muy cerca de Amado Boudou, de Nicolás Dujovne. Pero ya superando a muchos, entre ellos a Axel Kicillof, a Alfonso Prat Gay, a Felisa Miceli, a tantos otros que pasaron por el Ministerio de Economía, la verdadera silla eléctrica que tiene la Argentina.
Por alguna razón Fernández no se quiere desprender de Guzmán pese a los números de inflación, por ejemplo. Pese a las críticas que recibe Guzmán dentro del propio Frente de Todos, por empezar del cristinismo.
Los vimos en el inicio de la semana anunciando un bono extraordinario de $18.000, que se va a pagar en dos cuotas para los trabajadores informales. Un anuncio que puede ser interpretado de distintas formas. Es para el Gobierno, para el albertismo, para la Casa Rosada una forma de reconocer el problema mayúsculo de la inflación de 6,7% en marzo. Y, al menos, de sugerir que el Gobierno no vive en otro planeta, que tiene consciencia, noción de cuál es el drama más importante que hoy afecta a la mayor parte de la población, a la que corre desde atrás para llegar a fin de mes.
Una inflación de 6,7% en marzo y ya se habla de que va a ser de alrededor del 6% en abril. Pero que además en el primer trimestre sumó al 16,1%, lo que representa la cifra más alta en tres décadas. 55,1% interanual la inflación con este 6,7% y es mucho más si uno se imagina que ese 6,7% no es un techo sino que es parte de un nuevo umbral para la inflación, mucho más alta hacia adelante. El contexto internacional no ayuda, con precios de guerra, con commodities que se disparan. Y con una inflación como la argentina, que ya era muy alta en los años de Cristina, se duplicó durante el último año de Macri y está en esos niveles impactando sobre todo en la inflación de los alimentos. En los primeros tres meses del año subieron un 21%, más que la inflación.
Con números que apabullan, que pegan, que impactan, y que cualquiera que vaya al supermercado, al almacén, a la verdulería lo puede confirmar, frente a ese problema estructural, el Gobierno ofrece un paliativo excepcional. Porque es un bono extraordinario que se va a pagar en dos veces: son $18.000, $9.000 en cada oportunidad. Es menos de lo que el Gobierno dio hace dos años en el arranque de la pandemia cuando surgió el IFE de $10.000.
Por eso digo que es un paliativo. El Gobierno puede decir “tomamos nota, destinamos un porcentaje importante de los fondos a los sectores de menos recursos”, pero al mismo tiempo se puede advertir que lo que el Gobierno destina es mucho menos de lo que destinó hace dos años en el inicio de la pandemia, para un problema estructural que no se acaba en pocos meses, sino que viene desde hace mucho y se acelera cada vez más.
Pese a eso, al lado de Alberto Fernández dicen que es “una reacción”. Y el Presidente lo vive como una victoria, eso es tal vez lo más destacado al nivel de la política. ¿Una victoria contra quién? Contra sus detractores internos. Contra la vicepresidenta, contra La Cámpora, contra Axel Kicillof. Contra los que dicen que el Frente de Todos no revierte una ecuación desfavorable, desde el punto de vista del salario, que se aceleró durante los años de Macri. Proceso que, como dice el último informe del centro de estudios de la CTA de Hugo Yasky, el centro CIFRA, se profundiza con el Frente de Todos. Es decir, la caída del salario, la caída del poder adquisitivo, que durante los años de Macri fue muy violenta, sobre todo los últimos dos años de Macri, se profundiza con el Frente de Todos en el Gobierno. Y claro que la desigualdad se profundiza, según lo muestran los números del propio INDEC.
Pero Alberto vive el anuncio como una victoria porque dice: “estoy demostrando que ni el Fondo ni el acuerdo con el Fondo no me condiciona y que puedo inyectar pesos en la economía, aunque sea un paliativo para los sectores de menores recursos”.
La segunda aparición del Presidente fue en Vaca Muerta. Ahí apareció Guzmán, pero vía Zoom. El Presidente anunciaba el Gasoducto Néstor Carlos Kirchner. Un proyecto que hace cinco años, por lo menos, está dando vueltas y nunca se lanza. Finalmente lo hizo el Presidente en un contexto muy difícil porque va a faltar gas en invierno, es una posibilidad cierta. El Gobierno hace malabares para conseguir la importación del combustible de Brasil, de Bolivia. Pero lo tiene en Vaca Muerta y hay que sacarlo de Vaca Muerta, y hay que trasladarlo de Vaca Muerta por lo menos hacia la Provincia de Buenos Aires. Después, en una segunda etapa, a Santa Fe. Otros dicen, más adelante, hacia Brasil.
Se lanzó finalmente el Gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta. En primera fila se sentaron los detractores del Presidente o de Guzmán, más precisamente. Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, que es casi un ministro de Energía. Una figura muy importante que responde y representa a La Cámpora, a Cristina. Estaba Kicillof, estaba Darío Martínez.
Además, las grandes empresas de la Argentina, como Techint, como Pampa Energía, como PAE. Digo Rocca, digo Mindlin, digo Bulgheroni, hace tiempo venían reclamando este gasoducto porque no solo son empresas que tienen inversiones en Vaca Muerta, sino que además, en el caso de Techint, va a fabricar el gasoducto. En el caso de Mindlin, va a hacer las obras con su constructora. Decía Santiago Spaltro, periodista de El Cronista, en una nota que leía en los últimos días, que sin embargo esta construcción que se anunció el jueves pasado no va a empezar ahora, sino recién en agosto. Hay que esperar.
El Gobierno pretende tener terminado el gasoducto para mayo de 2023, antes del invierno del año que viene. Decía Santiago Spaltro: “Esta primera etapa va a servir para substituir importaciones por 3.400 millones de dólares al año”. Y un ahorro fiscal equivalente en pesos a 3 mil millones, si se proyecta el costo al que compró el gas licuado la Argentina en los últimos días.
Entonces, dos hechos importantes para Alberto Fernández y para Guzmán en la última semana. El paliativo urgente para un problema estructural como es la inflación y los ingresos pulverizados. Y el proyecto estructural para un problema urgente como es el de la falta de gas para el invierno, que todavía hay que ver si afecta o no a las PyMES en el invierno. El problema estructural es la falta de gas y la salida de dólares que ocasiona esa falta de gas porque al gas hay que importarlo y la Argentina, sedienta de dólares, ve cómo se le van por esa puerta, por esa canaleta, los dólares que necesita para financiar el crecimiento, las importaciones.
Pese a esos dos anuncios importantes, por lo menos para el Gobierno, para el Presidente, el tema central de la política Argentina en la última semana fue la reacción de Cristina ante, lo que podemos decir, el ultimátum de Horacio Rosatti, de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura. Un organismo que la mayor parte de la sociedad desconoce para qué sirve. Sirve, en teoría, para seleccionar, para sancionar a los jueces. Tiene alrededor de 1.500 empleados.
Pero es un organismo que, si uno pregunta en la calle, muy poca gente conoce. Fue creado por la Reforma del ’94, acordado en el Pacto de Olivos de Alfonsín y Menem. Y tiene pendiente a la política. No solo al Gobierno, a la vicepresidenta o a la Corte Suprema, sino también a la oposición que quería un lugar para Luis Juez y que ahora lo ve complicado.
La noticia de que Cristina respondía a este ultimátum de Rosatti al dividir el bloque de senadores del Frente de Todos la conté el martes pasado, tarde, alrededor de las once de la noche en Twitter. A partir de ahí, se habló muchísimo de la jugada de Cristina, de si se dividía o no se dividía el Frente de Todos. Festejada por algunos, demonizada por otros.
Muchos dicen es una jugada desesperada porque divide el Frente de Todos en dos bloques, aunque siguen formando parte de un interbloque, para quedarse con un lugar más para su gente, para La Cámpora. Para un senador que se llama Martín Doñate, que le arrebataría el lugar a Luis Juez, de la oposición. Esa jugada no la inventó Cristina. En 2015, el PRO hizo lo mismo con el macrista Pablo Tonelli para quedarse con un lugar que todavía tiene hasta noviembre. Es decir, que lo que hoy critican de la vicepresidenta antes hicieron desde el PRO. Y viceversa. Hay críticas cruzadas donde cada uno se mueve según la conveniencia y siempre guiado por el corto plazo.
Pero, ¿qué hay de fondo detrás de esto? Es la obsesión de la política con el Poder Judicial. Esa relación asimétrica, que tantas veces se oculta, que a mí me gusta remarcar, entre un poder que no va a elecciones -el de Comodoro Py, el de los jueces, el de la Corte Suprema- y el de una política que va todo el tiempo a elecciones, que gana y pierde, y que no logra hacer las transformaciones que quisiera en el frente judicial para vivir con mayor tranquilidad.
Cristina se cansó de intentar reformar la Justicia, dio grandes batallas, hizo grandes anuncios y nunca logró nada demasiado concreto. Una Cristina que teme, con razón, la revancha de los jueces. Que se vivió durante los años 2015-2019, en un proceso sin precedente donde iban en masa a la cárcel los funcionarios del kirchnerismo, los empresarios identificados con el kirchnerismo denunciados por corrupción. No les pasa lo mismo hoy a los que fueron parte del macrismo.
Ahora, cuando Cristina hace esta jugada de la que tanto se habla, que opaca los anuncios del Presidente en dos temas importantes para la Argentina, se reubica en un plano en el que se preocupa por su situación personal y queda muy lejos de los problemas de las mayorías. Cristina pensando en ella, en su propia situación. Podríamos decir, en el lugar de la autodefensa. Casi como si diera por perdido el 2023 y estuviera ordenando su retirada. Sin esperar ya nada de Alberto. Escribí bastante sobre ese tema en el panorama semanal que sale esta noche tarde o mañana en La Política Online. Es una Cristina que desde el Senado sale a actuar en defensa propia y que eso concentra la atención política.
Pero el problema de las mayorías tiene que ver con la inflación. El dato que el INDEC dio a conocer esta semana: una familia tipo necesita $86.690 para no ser pobre, sin contar el alquiler. Se supone que esa familia tipo tiene resuelto el problema del alquiler. Así y todo, una familia necesita casi $87.000 para no caer en la pobreza; y para no caer en la indigencia, casi $40.000. Imaginando que esa familia tiene resuelto el problema de la vivienda.
A esos datos se le pueden sumar los que me pasó en los últimos días Matías Maito, del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo del IDAES, de la Universidad de San Martín. ¿Qué dicen esos datos? Que en el último semestre se terminó de recuperar el empleo. Hay 19 millones de personas, casi 20 millones de personas que hoy tienen empleo. La desocupación está en niveles bajos, casi comparables a los de 2003, sin embargo el poder adquisitivo está pulverizado. Los salarios están comprimidos. Por eso hay una franja de la población muy grande que no llega a fin de mes. Solo 2 puntos de los 20 que perdió el salario durante el macrismo se recuperaron con el Frente de Todos. La desigualdad, como decía CIFRA, la CTA de Hugo Yasky, se profundiza con el Frente de Todos.
Un dato de este estudio de la Universidad de San Martín me parece interesante. Los informales son los que peor la pasan. Los informales a los que les llega ahora este IFE, este bono que anunció el Presidente. La proporción de trabajadores pobres hoy en la Argentina es del 15% entre los que están en relación de dependencia o los que están registrados. Es decir, no alcanza ser trabajador para no ser pobre.
Hay un 15% de trabajadores registrados, en blanco, en relación de dependencia que son pobres. En el caso de los cuentapropistas, los no registrados, ese 15% pasa a ser 41%. Casi el 45% de los trabajadores asalariados informales son pobres. No alcanza con trabajar para zafar de la pobreza en la Argentina.
Estos datos que estamos viendo no ayudan a ser optimistas. Esa es la batalla central que debería dar el Gobierno, el Presidente, la vicepresidenta. Nada que ver con la batalla judicial. Si el Gobierno no resuelve ese problema, si por lo menos no logra atenuar ese drama que es trabajar y no llegar a fin de mes, y no es nada fácil resolverlo en este contexto con precios internacionales, con la inflación que es un problema estructural que arrastra la Argentina, con el Fondo como tutor, como auditor, como socio, como diría el Presidente: “Al carajo con el 2023”. Por lo menos, eso es lo que parece.
