Nora Goren, doctora en Sociología, docente, investigadora y directora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades (IESCODE) de la Universidad Nacional de José C. Paz, conversó con Diego Genoud sobre desigualdades, universidades públicas y conurbano.
“El plan Milei: todas para ellos”. Editorial 30 de abril en Radio con Vos.
Después de más de 140 días de gobierno, el presidente Javier Milei tuvo su primera victoria legislativa en la Cámara de Diputados. Con apoyo del PRO, devenido en una colectora de La Libertad Avanza; con apoyo del bloque de Miguel Ángel Pichetto, otra vez protagonista como cada vez que gobiernan distintas expresiones de la derecha y la extrema derecha; con el apoyo de parte del radicalismo, de la Coalición Cívica, del peronismo minero, de provincias como Catamarca, San Juan. Milei tuvo hoy finalmente la Ley Bases en general y casi todo lo que quería en particular.
Es una ley que quedó muy disminuida con respecto a lo que en su momento soñó Federico Sturzenegger y lo que compró Milei, que ya venía preparado para el proyecto de Bullrich Presidenta. De aquellas 600 leyes quedaron alrededor de 200 artículos. Cada artículo es una ley, en el caso de La Libertad Avanza, pero aún así muy disminuida a una “Ley Bondi” o una “Ley Combi”.
El esqueleto de la Ley Ómnibus trae muchísimos cambios a la vida cotidiana de los argentinos. Primero, incluye la facultad delegada, a pesar de que Milei no es el primero que las recibe, pero después también suma un capítulo de flexibilización laboral, un blanqueo de capitales, un régimen especial para grandes inversiones, una modificación de la Ley Hidrocarburos a pedir de las petroleras, privatizaciones, y una rebaja sustancial del impuesto a los bienes personales que pagan los sectores más privilegiados —entre 125 y 150 mil grandes contribuyentes.
En este paquete de artículos de transformaciones que aprobó La Libertad Avanza, hay mucho para los dueños de la Argentina de manera explícita como, por ejemplo, en el capítulo de bienes personales. Está también el regreso del Impuesto a las Ganancias, que puede ser discutible pero que, en el contexto donde se benefician los sectores del poder económico, que paguen más los asalariados que los más ricos habla mucho del Plan Milei.
Todo esto tiene que ir al Senado. Pero si miramos hacia atrás y observamos las dificultades que tuvo el gobierno de Milei para probar este paquete de leyes, se entiende la euforia del presidente, de su hermana Karina Milei, de Guillermo Francos, el único político en las primeras líneas del Gobierno. Se entiende además la euforia de actores muy importantes del establishment, del círculo rojo que invirtieron durante la campaña de LLA y lo hacen ahora para que les vaya bien.
El Título 2 es la Reforma del Estado, el cual incluye las privatizaciones. Hay cuatro empresas que van a poder ser privatizadas en forma absoluta: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, ENARSA, e Intercargo. Hay cinco que pueden ser privatizadas de manera parcial: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria. Corredores viales, empresas de las que se desprende el Estado bajo Milei. Y hay otras dos empresas que también entran en el paquete privatizador pero van a mantener una mayoría estatal: NASA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, empresa que tiene que ver con las centrales de Atucha, y la otra es Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Eso solamente tiene que ver con el capítulo de privatizaciones. Quedó afuera el Banco Nación, por lo menos por el momento. Quedó afuera YPF, que para nadie es un negocio privatizarla hoy dado que el Estado tiene intereses en Vaca Muerta —el yacimiento de shale gas que convoca a empresas de todo el planeta que vienen a invertir.
En el Título 5, que es el título o el capítulo en el que se habla de modernización laboral, fue un regalo para el 1 de mayo. No para los trabajadores, sino para los dueños de la Argentina. Aún con la mediación de Miguel Pichetto, aún con la negociación que hubo con algunos dirigentes sindicales como Héctor Daer, el de la modernización laboral es un capítulo muy agresivo que afecta a los que en la Argentina trabajan en relación de dependencia, en blanco. Es solo una parte de la población porque la mitad de la población económicamente activa en la Argentina está en negro, precaria, no registrada, informal; no sabe lo que es el aguinaldo, las vacaciones pagas, la obra social. Pero para los asalariados registrados esta reforma es más bien una regresión. Y más si se la pone en contraste con los beneficios que se le otorgan al poder económico.
Recomiendo leer, entre otros que opinan con criterio y que siguen estos temas con mucho conocimiento, lo que viene escribiendo Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Hay una nota en Perfil sobre la reforma laboral, este capítulo de flexibilización que elimina las penalidades para los empresarios que no registran una relación laboral. Es decir, no hay pena para el que contrata de forma precaria a un trabajador o una trabajadora. Es un delito que, para la ley, para Milei, deja de existir. Ya no es más delito tener trabajadores en la informalidad, en la precariedad, sin ningún tipo de garantía. Además, se amplía el período de prueba de 3 a 6 meses y en algunos casos de pequeñas empresas, hasta un año.
Eso va a generar, según lo dice Cremonte y otros especialistas también como Luis Campos, de la de la CTA Autónoma, una altísima rotación y también que un trabajador pueda ser despedido sin haber tenido ningún tipo de inconvenientes. Va a generar una sensación mayor todavía de precariedad. Si ya hay 50% o 45% de trabajadores en negro, se legaliza que esa precariedad se extienda a los nuevos trabajadores que consigan un empleo en condiciones muy leoninas.
Además, se habilita el fondo de cese laboral. Se pierde así el efecto disuasivo que tenía la indemnización por despido. Para gran parte del poder económico, para los que se juntaron en Bariloche a aplaudir al Presidente hace diez días, la indemnización por despido es algo que hay que eliminar por completo.
Se legaliza, dice Matías Cremonte, el fraude laboral a través del trabajador independiente que queda fuera de toda protección legal. Esto no es nuevo. En 2015, la Organización Internacional del Trabajo analizó reformas similares que se sancionaron en 63 países. En ningún caso una modificación como ésta de la legislación laboral regresiva —que quita derechos— generó crecimiento del empleo registrado, de calidad, que supuestamente buscaba.
Cito también a Matías Maito, el director del Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la UNSAM, que resume en tres puntos este capítulo de flexibilización laboral. Alega que la reforma no combate la informalidad, sino que la legaliza. Y empodera a los empleadores por dos vías: para contratar de manera precaria y para despedir. Se amplía el periodo de prueba, se legalizan los despidos discriminatorios por orientación sexual, su ideología, su género. Todo eso deja de ser un obstáculo cuando una empresa se decide a despedir. Coincide Matías Maito también en que la reforma no va a promover la generación de empleo ni mejorar su calidad. No es una modernización laboral, aunque al presidente y al Gobierno le interese llamarla así.
Después hay un capítulo de reforma jubilatoria. Se incorpora la prestación de retiro proporcional para los que cumplieron 65 años y no completan los 30 años de aporte. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber más moratoria previsional y que los hombres que tienen 55 años, las mujeres que tienen 50 años y no cumplen con los 30 años de aporte, si quieren jubilarse, se van a tener que poner al día en una ventana de tiempo muy corta, de 30 días. Si no, van a cobrar una jubilación muy menor, mucho menor de la que hoy cobra un jubilado, que ya sabemos percibe jubilaciones más que ajustadas.
Todo esto conforma un pliego de demandas que está escrito hace por lo menos dos décadas por el establishment y hasta el momento no se había podido aplicar. Javier Milei, Nicolás Posse —el jefe de Gabinete que también viene del grupo Eurnekian—, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, José Luis Espert son los encargados de llevar a la práctica el sueño húmedo del poder económico en la Argentina. La clase política, la casta, hasta el momento no se había animado a tanto.
También hay que anotar entre los hacedores de este paquete de leyes a Julio Cordero, desconocido para la población pero está en un lugar clave, como el de secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Quién es? Es un hombre del grupo Techint. Era el jefe del departamento jurídico laboral de la empresa de Paolo Rocca, un abogado histórico ahí, y tuvo muchísimo que ver en esta reforma mal llamada “modernización laboral”.
El poder económico también tiene motivos para festejar. Es probable que después del Día del Trabajador y la Trabajadora, a partir del jueves, se vea cómo repercute esto en los mercados. Pero la casta acompaña a Milei en algo que no pudo, no quiso, no supo ejecutar por sí misma en estos 20 años. No hubo un candidato que pudiera, ni siquiera Macri.
Milei empieza a dar señales de que también puede en el Congreso. De que no solo puede llevar adelante un ajuste brutal, una licuación fenomenal de los ingresos y la jubilaciones, sino que además puede tener las leyes, con los votos de la casta. La casta que no pudo por sí sola ganar las elecciones, llevar adelante un plan como el que ahora Milei empieza a ejecutar, sí puede darle los votos. Está dispuesta.
Gran parte de la clase política comparte en líneas generales este plan. Solo le discute las comas, las formas, pero en el fondo hay un gran acuerdo. Si de algo sirve esta votación en Diputados, es para demostrar que hay un consenso absoluto con el país que reclaman los dueños de la Argentina, sin ningún tipo de compensación para los sectores perjudicados, que viven de un ingreso en pesos.
Hay que ver cuál es la respuesta, mañana 1° de mayo hay una marcha de la CGT. Ya empezó un paro de Aceiteros, un sindicato muy poderoso, porque está además ubicado en el corazón del poder sojero, del complejo oleaginoso en San Lorenzo, en Rosario, desde donde salen los buques que se llevan la soja de la Argentina. Aceiteros paran contra el Impuesto a las Ganancias. Kicillof, como ministro de Economía, lo sufrió durante 25 días en el 2014, 2015. Es un sindicato con espalda, con trabajadores muy bien pagos.
También hay conflictos de los portuarios, en el Senasa, de los molineros. Los gremios de la Federación Sindical Marítima y Fluvial están anunciando un paro para el lunes 6. Ya hubo este lunes y martes asambleas en el puerto de La Boca, en la dársela norte. También sindicatos que rechazan el regreso del Impuesto a las Ganancias. Y el jueves 9 está, siempre y cuando no haya una novedad de último momento, el paro de la CGT contra el gobierno. El segundo paro de la CGT contra el gobierno.
Lo que más sorprende es que se da esta reforma laboral en el marco del ajuste brutal y de la violenta transferencia de ingresos, con recesión, con una lista de despidos muy larga, que ya está ocurriendo. Por ejemplo, en Córdoba, en un pueblo que se llama Luque, donde Milei sacó el 82% de votos, la ex Drean, que hoy se llama Mabe, echó 200 personas. Y una proveedora de Mabe llamada Weg echó a 50 personas. Ambos casos, producto de la recesión. La UOM está denunciando 8.000 cesantías ya en su sector.
Hacía Alejandro Rebossio, en una nota en elDiarioAr, un racconto de despidos. En Changomás, en Bimbo, en PepsiCo, en Topper, en Danone, en El Noble, en América TV, en Brigdestone. Además hay compañías extranjeras que se van, que venden sus filiales en la Argentina, como HSBC, Clorox, Prudential, Xerox.
Todo eso impacta en el mosaico laboral astillado. Si ya teníamos una porción muy importante de trabajadores y trabajadoras en la precariedad absoluta, ahora además tenemos despidos. Si ya teníamos trabajadores pobres que no llegaban a fin de mes, ahora además tenemos despidos en el sector privado y en el sector público. En Atucha se frena la obra del Carem, del reactor nuclear. Hay despidos en los contratistas de NASA, la empresa que ahora se puede privatizar.
A todo eso se suma el dato de la inflación, que está bajando pero desde el Aconcagua. Son pocos los sindicatos que le pueden pelear a la inflación descomunal. Cito un informe de la consultora ABECEB, de Dante Sica, ex ministro de Macri, que se titula “La pérdida del poder adquisitivo de los argentinos será mucho mayor que la caída del salario”. ¿Por qué? Por la inflación. Una inflación interanual que, en marzo, llegó al 290% pero con precios de bienes y servicios que aumentaron más que esa cifra de inflación. Por eso, si uno mira la caída del salario real que el Gobierno menciona como prueba de que la desaceleración de la inflación, se está engañando. No hay que mirar solo la caída del salario real: hay que mirar también cuánto aumentaron los bienes y los servicios por encima de la inflación.
Y los precios que subieron por encima de la inflación el último año. La luz y el gas aumentaron 300%. Las bebidas alcohólicas, 312%. Los alimentos, 306%. El azúcar, las golosinas, el chocolate, 350%. El pan y los cereales, 352%. El combustible, los lubricantes, 364%. Los medicamentos, 379%. El transporte público, 385%. Aguas, gaseosas, jugos, 386%.
Según Sica, si uno mira el salario de un trabajador que en 2024 gana $1.340.000, con estas subas de precios —más la suba de los alquileres de quienes no tienen vivienda propia—, le van a quedar netos, en realidad, $840.000. Lo que implica no una caída del 6%, como dice en los datos oficiales, sino una caída del 15% con respecto al ingreso que tenía disponible hace un año en términos reales.
Estamos hablando de trabajadores registrados, asalariados, sindicalizados que están en blanco. Por supuesto, la caída del poder adquisitivo para esa otra mitad de la población económicamente activa que vive en la precariedad es muchísimo más agresiva, más violenta.
En este contexto llega el Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras, que sufren un doble ajuste. El ajuste de los ingresos, con los que no llegan a fin de mes, y el ajuste del mercado laboral, que ahora genera también despidos. Y en este contexto se da la primera victoria legislativa de Milei, la cual nos cuesta ver en perspectiva. Es la primera vez en la historia argentina que pasa algo como lo que está pasando, como un proyecto que busca refundar la relación entre el capital y trabajo. De la mano de un presidente que llega con el voto de sectores populares sin la identidad prestada del peronismo. Es un presidente distinto a Menem, porque no necesita el peronismo para revalidarse, aunque tiene los votos de parte del peronismo. Es un presidente distinto a Macri porque tiene votos de los sectores populares, que lo creyeron una salvación frente a muchos años de crisis y endogamia del sistema político.
Pero Javier Milei trabajó toda la vida para el poder económico. En su plan de gobierno, en las leyes que sanciona, en cada uno de los artículos, se comprueba que el ADN de Milei es el de los dueños de la Argentina. Es un referí bombero el presidente: las cobra todas para ellos.
